El marco procesal atribuye al juez instructor la dirección exclusiva de la investigación judicial, lo que incluye la facultad de supervisar y, en su caso, limitar actuaciones de los cuerpos policiales que puedan interferir con las diligencias acordadas. La Ley de Enjuiciamiento Criminal reserva a la autoridad judicial la última palabra sobre qué pruebas y actuaciones son válidas dentro de un procedimiento, por encima de los mecanismos internos de control de los propios cuerpos.
La UCO es la unidad de referencia de la Guardia Civil en la instrucción de causas de corrupción y delincuencia económica, y es el cuerpo designado por el juzgado para desarrollar las diligencias de investigación del procedimiento. Dentro de la propia unidad se había abierto una indagación interna sobre la actuación de algunos de sus miembros en el marco de esta causa, un mecanismo de control disciplinario habitual cuando surgen dudas sobre el desempeño de los agentes en una investigación sensible.
Fue esa pesquisa paralela la que la instructora decidió frenar, al entender que suponía una intromisión en el procedimiento judicial que ella misma dirige. La decisión se tradujo en una orden expresa a los miembros de la UCO implicados para que no trasladaran información sobre el contenido de la investigación interna, y en la anulación de las citaciones que ya estaban fijadas para tomar declaración a los agentes afectados.
La magistrada consideró que permitir el avance de esa indagación paralela podía condicionar o contaminar las diligencias que se practican bajo su supervisión en el procedimiento principal, según la resolución conocida. El Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal sitúan al instructor como garante de la integridad de la prueba durante la fase de instrucción.
Las fricciones entre la dirección judicial de una causa y los mecanismos de control interno de las fuerzas de seguridad no son inéditas en la justicia española. En instrucciones de calado de las últimas décadas, la coordinación entre el juez y la unidad policial actuante ha generado tensiones sobre el alcance de las competencias de cada parte, especialmente cuando se solapan la vía disciplinaria y la vía penal sobre los mismos agentes.
Ninguna de las personas investigadas en el 'caso Hermanísimo' ha sido procesada ni acusada formalmente, y el procedimiento continúa en fase de instrucción. La paralización de la investigación interna a la UCO no afecta, según lo conocido, al curso de las diligencias principales de la causa, que siguen bajo la dirección de la jueza de Badajoz.
La decisión se inscribe en una serie de resoluciones recientes con proyección pública, entre ellas la de la Audiencia de Madrid que condenó a elDiario.es a rectificar sobre el Pazo de Meirás. La instructora ordenó a los miembros de la UCO que no informaran de «nada» sobre la pesquisa interna, y con ello las citaciones previstas quedaron sin efecto.