El Ejecutivo de Tusk decidió hacerse con el control del órgano, al que acusa de estar politizado tras años de nombramientos impulsados por la antigua mayoría de Ley y Justicia (PiS). El tribunal, que en el sistema polaco ejerce funciones equivalentes a las del Tribunal Constitucional español en el control de constitucionalidad de las leyes, lleva desde 2015 en el centro de la disputa sobre el Estado de derecho en el país.
El origen del conflicto se remonta a la reforma judicial impulsada por el PiS durante sus ocho años de gobierno, que la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideraron en distintas resoluciones contraria a los principios de independencia judicial exigidos a los Estados miembros. Varios de los nombramientos de magistrados realizados en ese periodo fueron cuestionados por organismos europeos y por sectores de la judicatura polaca, que los calificaron de irregulares por el modo en que se cubrieron vacantes y se alteró la composición del órgano.
Desde que Tusk recuperó el Gobierno a finales de 2023 al frente de una coalición liberal y de centroizquierda, su Ejecutivo ha intentado revertir ese control sin lograr una solución pactada con el presidente de la República, perteneciente al espectro del PiS, que conserva capacidad de veto sobre buena parte de la arquitectura institucional heredada. Esa fricción entre un Gobierno de un signo y una jefatura del Estado de otro ha generado episodios de bloqueo poco habituales en las democracias de la Unión Europea.
El episodio más llamativo de la crisis fue el regreso del jefe del Estado polaco a su país en pleno vuelo con destino a Senegal, motivado por la escalada en torno al control del tribunal. La maniobra se interpreta como un intento del presidente de intervenir directamente en el órgano ante lo que considera una injerencia del Gobierno de Tusk en una institución que, conforme a la Constitución polaca, debe mantenerse al margen de la disputa partidista.
Del artículo 7 a las vacantes capturadas
El control de los tribunales constitucionales se ha convertido en varios países de Europa central y del Este en un instrumento de disputa política. En el caso polaco, ese deterioro llevó a la Comisión Europea a activar en diciembre de 2017 el mecanismo del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, el procedimiento previsto para los Estados que incurren en un riesgo claro de violación de los valores comunes, aunque nunca se llegó a aplicar sanciones efectivas por la falta de unanimidad entre los socios comunitarios.
La crisis se produce a un año de la celebración de nuevas elecciones legislativas, lo que añade una dimensión electoral a la disputa institucional. Los dos bloques enfrentados —la coalición liberal de Tusk y el espacio conservador vinculado al PiS y a la presidencia— miden fuerzas también de cara a esos comicios, en los que el control del Tribunal Constitucional apunta a convertirse en argumento de campaña sobre la independencia de las instituciones y la calidad democrática del país.
La pugna polaca por el control de un tribunal se suma a otros litigios que marcan la actualidad judicial europea y española, como la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que obligó a elDiario.es a rectificar una información sobre el Pazo de Meirás, muestra de cómo la actividad de los tribunales sigue marcando la agenda pública a ambos lados de la frontera.