"Hacemos protestas pacíficas para llamar la atención de la emergencia climática, pero nos tratan como si fuéramos terroristas", se quejaba Alba del Río, de 25 años, el pasado miércoles antes de entrar a uno de los juicios a los que se enfrenta por su activismo en Futuro Vegetal. La activista, que compareció en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid, resumió el estado de ánimo del colectivo en una frase: les quitan las ganas de protestar, un desgaste psicológico enorme.
El historial de Del Río dentro de la organización, nacida como estructura de desobediencia civil para denunciar la emergencia climática, incluye haberse pegado al marco de una de las majas de Goya en el Museo del Prado y haber protestado desde la tribuna del Congreso de los Diputados. El episodio juzgado esta semana es otro: el acceso a las pistas de Barajas, donde los activistas se pegaron al asfalto, lo que derivó en su detención por desórdenes públicos, daños y delitos contra la seguridad aérea.
La fórmula de pegarse al asfalto en vías de circulación ya les había costado detenciones en la M-30 de Madrid en 2022, cuando cortaron la vía Victòria Domingo, María Serna, Bilbo Basaterra, Mauricio Misquero y un activista conocido como Anarcomonje. Ese tipo de acciones de alto impacto simbólico, extendidas también entre otros colectivos —Greenpeace frenó un buque gasero en el puerto de Sagunto en 2021—, ha abierto en España un debate jurídico sobre dónde termina la protesta pacífica y dónde empieza el delito.
La investigación policial contra Futuro Vegetal como organización criminal se remonta a una operación de enero de 2024, en la que fueron detenidos 22 activistas del grupo en once ciudades españolas. Esa calificación, reservada habitualmente a estructuras delictivas organizadas con fines lucrativos o de coacción grave, resulta inusual aplicada a movimientos de protesta sin ánimo de lucro ni violencia contra personas.
La absolución en el caso de Barajas contrasta con la persistencia del expediente administrativo, que puede derivar en una sanción de 90.000 euros, muy superior a las multas penales habituales por desórdenes públicos. Esta dualidad —vía penal y vía administrativa simultáneas por los mismos hechos— es frecuente en España cuando las protestas afectan a infraestructuras como los aeropuertos, sometidos a una normativa de seguridad aérea con régimen sancionador propio.
El activismo climático de corte radical, inspirado en movimientos internacionales como Just Stop Oil o Extinction Rebellion, ha crecido en Europa desde mediados de la pasada década. En España, grupos como Futuro Vegetal han dirigido sus acciones contra el patrimonio artístico —las obras atacadas en museos no sufrieron daños, al actuar sobre el marco o el cristal— y las infraestructuras de transporte, buscando repercusión mediática antes que destrucción material.
El recurso a la vía penal contra activistas climáticos no es exclusivo de España: Francia, Alemania y Reino Unido han endurecido en los últimos años su marco legal frente a estas protestas, con condenas de prisión en algunos casos británicos. La contención de la protesta pacífica conecta con debates más amplios sobre la censura y el disenso que recorren la cultura europea, de los que una cita de Voltaire sobre el fanatismo es solo el último ejemplo.
Con la absolución ya dictada, el expediente administrativo por los 90.000 euros queda pendiente de resolución y la investigación policial contra el colectivo sigue abierta sin que conste una imputación formal adicional.