La secuencia encierra una paradoja administrativa que solo entiende quien ha pisado un organismo público: puede abrirse diligencia sobre alguien de cuya inocencia se está convencido, para dejar constancia de que se ha mirado. Aquí no se investiga porque haya dudas, sino precisamente porque no las hay, como ritual que permite certificar después que el procedimiento se siguió. La pregunta que queda flotando es para quién se hizo ese gesto.
Los mensajes de WhatsApp cruzados entre el presidente del Gobierno y su exministro de Transportes, hoy en el foco de la instrucción judicial por el caso que lleva su nombre, se filtraron por un cauce que las instituciones implicadas intentan esclarecer. El Destacamento de Análisis de Operaciones, encargado de tareas de inteligencia interna de la Guardia Civil, y la Unidad Central Operativa, el cuerpo de referencia en la lucha contra la corrupción, no son órganos menores: su cruce de informes sobre quién filtró qué es la fontanería de una investigación sensible.
Que el jefe del DAO transmitiera a un mando de la UCO su convicción de que Balas era ajeno a la filtración y que, acto seguido, se activara una investigación sobre ese mismo oficial no es ilegal en sí. Los reglamentos disciplinarios de la Guardia Civil permiten, e incluso exigen en ciertos supuestos, abrir diligencias informativas aunque el sospechoso inicial no encaje con el perfil. El problema no es jurídico, es de relato: cuando quien abre el expediente ya ha verbalizado el veredicto, el expediente deja de ser herramienta de esclarecimiento.
Balas, el nombre que no encajaba
El teniente coronel Balas lleva meses mencionado en torno al caso Ábalos sin que su papel concreto haya quedado nunca del todo claro. Que la propia estructura que lo investigó diera por hecho su inocencia antes de empezar añade una capa de opacidad a un asunto que ya arrastraba suficientes. Si el DAO sabía que no era él, cabe preguntarse a quién se protegía abriendo diligencias contra quien no era sospechoso. La respuesta más benévola es la burocracia por la burocracia; la menos, que convenía un nombre sobre el que investigar que no fuera el correcto.
Episodios de una institución que actúa contra su propio diagnóstico interno tienen precedentes incómodos en los servicios de inteligencia españoles. El CESID vivió sus escándalos de escuchas y documentos clasificados en los años noventa, que acabaron en los tribunales y forzaron su refundación como CNI en 2002; desde entonces, la distancia entre lo que se sabe puertas adentro y lo que se investiga puertas afuera ha sido motivo de comisiones parlamentarias con pocas respuestas satisfactorias. La pauta se repite: cuando la verdad incomoda, el procedimiento la sustituye.
Lo llamativo no es que una investigación interna no llegue a ninguna parte —eso ocurre a menudo, y a veces con motivo— sino que se inicie ya sabiendo que no debería llegar a ninguna parte. Es la diferencia entre no encontrar pruebas y no buscarlas donde están.
El expediente sobre Balas, si en efecto se abrió sabiendo lo que se sabía, no aclara quién filtró los mensajes entre Sánchez y Ábalos. Aclara, eso sí, algo sobre cómo funcionan ciertos engranajes del Estado cuando se les pide investigar hacia dentro: con el veredicto escrito y el expediente todavía por abrir.