El Grupo de Investigación de la Comisaría de Distrito Centro localizó al sospechoso tras meses de pesquisas abiertas a raíz de las sucesivas denuncias de la mujer, descrita por la Policía como persona mayor y vulnerable. El detenido fue trasladado a dependencias policiales como presunto autor de un delito de acoso, figura recogida en el artículo 172 ter del Código Penal desde la reforma de 2015.
Según ha informado la Policía Nacional, las desavenencias entre ambos vecinos derivaron en un primer episodio de notas amenazantes dejadas en la puerta de la vivienda de la mujer, lo que motivó la denuncia de febrero. A partir de entonces, de acuerdo con el relato de la víctima a los agentes, las intimidaciones no cesaron sino que se agravaron con episodios en los que el hombre habría orinado en repetidas ocasiones tanto en el felpudo como en la puerta de acceso a la vivienda.
La mujer acudió hasta en cinco ocasiones a formalizar denuncia por unos hechos que se habrían prolongado durante varios meses. El acoso terminó condicionando su vida cotidiana: llegó a modificar sus rutinas diarias y a evitar salir de casa por temor a cruzarse con su vecino.
El artículo 172 ter del Código Penal castiga con penas de tres meses a dos años de prisión, o multa de seis a veinticuatro meses, a quien de forma insistente y reiterada lleve a cabo actos que alteren gravemente el desarrollo de la vida cotidiana de otra persona, ya sea vigilándola, persiguiéndola o estableciendo contacto no deseado. La reiteración de conductas hostiles, documentada aquí a través de las cinco denuncias desde febrero, resulta determinante para encajar los hechos en esta figura, introducida en el Código Penal por la reforma de 2015 precisamente para cubrir conductas de acecho que antes quedaban fuera de las coacciones o las amenazas.
Las condenas por esta vía penal específica siguen siendo minoritarias frente a las resoluciones por la vía civil o administrativa, dada la dificultad de acreditar la reiteración y gravedad que exige el tipo. El Supremo ha ido perfilando ese contorno en casos recientes de conflictividad vecinal y jurisprudencia sobre delitos contra la libertad, en una línea que convive con asuntos de distinta naturaleza como el que resolvió al ratificar en 2023 las condenas por el crimen del concejal Javier Ardines en Llanes.
El caso quedará ahora en manos del juzgado competente por reparto en Palma, que deberá valorar si existen indicios suficientes para abrir diligencias y determinar la situación procesal del detenido. La investigación se inició a partir de las reiteradas denuncias presentadas por la víctima ante la Comisaría de Distrito Centro, cuyo Grupo de Investigación asumió las pesquisas hasta localizar al sospechoso y proceder a su arresto el jueves pasado.
