El primer aviso llegó el 3 de agosto desde la Oficina de Coordinación de Seguridad (OCC), con el texto «Alerta informativa. Convocatorias posible entrada irregular Ceuta y Melilla», comunicación que se remitió tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil. Un día después, la Agregaduría de Interior en el Consulado General de España en Tánger envió otra nota bajo el asunto «Llamamientos en redes sociales para un cruce masivo a Ceuta»; las agregadurías tienen como función principal analizar la colaboración operativa entre los cuerpos de seguridad españoles y los del país donde se encuentran.
El 5 de agosto, según la información trasladada al juzgado, la Consejería de Interior en la Embajada de España en Marruecos emitió una tercera comunicación, incorporada a la base de datos de la Secretaría de Estado de Seguridad de Cooperación Policial Internacional (Secopi), bajo el título «Posible movilización migratoria hacia Ceuta el 15 de agosto». Dos días más tarde, el 7 de agosto, la misma Consejería informó de la detención de dos sospechosos de administrar grupos de WhatsApp para incentivar la entrada irregular, arrestados por la Gendarmería Nacional marroquí en Tetuán.
«La detención de dos sospechosos de participar en la administración de grupos de WhatsApp para incentivar la entrada irregular», texto con el que la Consejería de Interior en Marruecos informó, el 7 de agosto, de una actuación de la Gendarmería Nacional en Tetuán, según el relato trasladado por Interior a la instructora.
Seis notas confidenciales del CNI
El Ministerio sostiene además que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) remitió seis notas confidenciales y una reservada que, en sus propios términos, «alertaban de posibles nuevas entradas masivas durante el mes de agosto sobre la base de llamamientos en redes sociales». Según esta versión, la primera llegó el mismo 31 de julio, a las 18 horas, dirigida al ministro del Interior, a la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y a la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, Elena Garzón.
La segunda nota del CNI se habría recibido el 1 de agosto, con un error de destinatario a las 15:49 —llegó por equivocación a la directora general de la Guardia Civil— y corregida un minuto después hacia el ministro y la secretaria de Estado de Seguridad. La tercera y la cuarta llegaron, según esta versión, los días 2 y 8 de agosto a los tres máximos responsables del departamento, mientras que las dos últimas, correspondientes a la tarde del 5 y el 7 de agosto, no han sido aportadas al juzgado por su carácter confidencial. La nota reservada, tampoco adjuntada, habría sido remitida el 7 de agosto con la secretaria de Estado de Seguridad como única destinataria.
El Ministerio reclamado por la juez es el mismo que en los últimos meses ha protagonizado otros frentes judiciales de calado político, como la causa sobre las siglas del llamado Movimiento Socialista en la que un comisario retirado vinculó las redes GKS, CJS e IAS. La avalancha del Tarajal evoca la de mayo de 2021, cuando unas 10.000 personas accedieron a Ceuta en apenas dos días tras una relajación del control fronterizo marroquí, en plena crisis diplomática entre Madrid y Rabat por la acogida del líder del Frente Polisario.
El procedimiento se halla en fase de instrucción ante la Audiencia Nacional. Tardón deberá valorar si la secuencia de alertas remitidas por los organismos españoles en Marruecos y por el CNI —todas ellas posteriores al 31 de julio, según la propia versión del Ministerio— resulta compatible con la previsión y gestión del dispositivo fronterizo en los días previos a la entrada masiva en Ceuta.
