El acuerdo, cerrado in extremis, persigue alcanzar los tres quintos de la cámara territorial, la mayoría reforzada que la Constitución exige para nombramientos como los de los magistrados del Tribunal Constitucional designados por el Senado. En un sistema que prima el voto mayoritario por circunscripción —cada elector marca hasta tres nombres y las candidaturas más votadas copan los escaños provinciales—, presentar candidaturas separadas en un mismo territorio divide el voto conservador y facilita que la lista rival acapare la representación.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, defendió el pacto como una necesidad frente al avance de la izquierda en la cámara territorial.
«El entendimiento entre ambas formaciones permite proteger la mayoría del centro derecha en el Senado frente a los movimientos de la izquierda radical», declaró Miguel Tellado, secretario general del PP.
La renuncia del PP a presentarse en Guipúzcoa, Girona y Tarragona no tiene precedente en la historia de la formación, que desde su fundación había mantenido candidatura propia en todo el territorio pese a sus escasas opciones de representación en esas provincias. La contrapartida de Vox —su retirada en seis circunscripciones insulares y mediterráneas— responde a la misma lógica: ceder terreno donde el PP parte con más opciones para concentrar el voto conservador allí donde resulta decisivo.
Frente a esa estrategia, la izquierda optó por la vía inversa: concurrir unida bajo la marca Senado de Progreso en 43 provincias, una fórmula para evitar la fragmentación del voto progresista. Días atrás, Inés Montero y Gabriel Rufián escenificaron en Barcelona la suma de Podemos y ERC al Senado, un movimiento que ahora encuentra respuesta simétrica en el bloque conservador.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respondió al pacto a través de la red social X con una crítica directa a ambas formaciones.
«Representan un mismo proyecto político de involución», escribió Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en su cuenta de X.
El pulso por el Senado se produce con el Gobierno y el PP enfrentados en varios frentes, desde la vivienda —donde el Ejecutivo plantea el alquiler indefinido sin la flexibilidad de Alemania o Reino Unido— hasta las batallas territoriales, como la que Feijóo ha encargado a Albiol liderar con la ley antiokupación tras el desalojo del B9. El reparto de circunscripciones pactado este lunes condicionará la composición de los órganos constitucionales que requieren consenso cualificado para su renovación.