La causa, abierta por delitos de desórdenes públicos y organización criminal, atribuye al joven una participación activa en la coordinación de los canales de redes sociales utilizados durante los disturbios del 24 de octubre, jornada en la que, según la investigación, también se encontraba físicamente en Barcelona.
La prisión provisional comunicada y sin fianza se adopta en fase de instrucción como medida cautelar, no implica pronunciamiento sobre la culpabilidad y es recurrible ante la Audiencia Provincial de Barcelona. El Código Penal reserva el tipo de organización criminal para agrupaciones estables con reparto de tareas, un encaje que la instrucción deberá sostener a medida que avance la causa.
Dos menores detenidas en Maresme y Bages
La investigación ha sumado este lunes dos nuevas detenciones: la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han arrestado de forma conjunta a dos chicas de 14 y 17 años, acusadas igualmente de promover actos violentos y saqueos y de administrar varios grupos de comunicación vinculados a Blocus. Las detenciones, practicadas en las comarcas del Maresme y del Bages, han sido coordinadas por la sección de menores de la Fiscalía de Barcelona, competente por razón de la edad de las investigadas.
Según la instrucción, a las menores se les atribuye haber difundido un cartel en TikTok con un código QR de acceso directo a un canal de WhatsApp desde el que se habrían coordinado las acciones. El dispositivo conjunto entre ambos cuerpos policiales se enmarca en la investigación abierta tras los disturbios que, el 24 de octubre, dejaron numerosos destrozos en establecimientos y mobiliario urbano de la ciudad.
El TSJC ha adelantado que, del total de 79 menores detenidos por los disturbios del 24 de octubre, al menos cinco han sido internados por orden judicial, mientras el resto permanece en libertad bajo vigilancia. De esos menores, 32 tienen prohibición judicial expresa de participar en protestas, una medida cautelar que la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor permite imponer a los mayores de 14 años.
El tratamiento diferenciado de los menores arranca en esa norma de 2000, que fija en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal y atribuye la instrucción a la Fiscalía, no al juez. Por debajo de esa edad, los hechos quedan fuera del circuito penal y se derivan a las entidades de protección de la infancia de la Generalitat.
La instrucción del caso Blocus continúa abierta en el juzgado barcelonés, que deberá determinar si existen indicios suficientes para procesar al joven de 21 años y a otros posibles implicados, en una causa que por el momento se mantiene en fase de investigación.
