El detenido había emprendido la huida de la escena del crimen antes de que agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial lo localizaran y arrestaran. Permanece en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial, mientras los investigadores del grupo de Homicidios tratan de establecer la relación entre el arrestado y la víctima mortal.
Los sanitarios de la Unidad Móvil de Emergencias del Servicio Murciano de Salud que se desplazaron hasta el lugar solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer, que presentaba una herida de arma blanca. No llegaron a tiempo de intervenir, según el relato difundido por la Policía Nacional.
La investigación impulsada por el Cuerpo descarta, por el momento, vincular el crimen con un caso de violencia de género, según confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia. Los investigadores del grupo de Homicidios descartaron esa hipótesis tras las primeras indagaciones realizadas sobre el detenido, aunque las diligencias siguen abiertas para esclarecer el móvil y el vínculo exacto entre ambas personas.
La calificación de un homicidio como violencia machista exige que medie o haya mediado una relación de pareja o expareja entre agresor y víctima, conforme a la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Cuando esa relación no existe o no se acredita, la causa se instruye como homicidio o asesinato común, sin la agravante específica que contempla esa norma ni el paso por los juzgados especializados de violencia sobre la mujer.
El procedimiento seguirá ahora la vía ordinaria: el detenido deberá pasar a disposición judicial, donde un juzgado de instrucción de Murcia decidirá sobre su situación personal y, en función de los indicios que arrojen la autopsia y el resto de diligencias, podrá acordar su ingreso en prisión provisional mientras continúa la investigación. De confirmarse los indicios de un delito de homicidio o asesinato, la causa podría acabar ante la Audiencia Provincial de Murcia o ante un jurado popular, según la calificación jurídica que finalmente adopte la instrucción.
La distinción entre homicidio común y violencia de género ha marcado la respuesta judicial a los crímenes contra mujeres desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2004, que creó los juzgados de violencia sobre la mujer. En otros casos de muerte violenta, el recorrido judicial se ha prolongado durante años: el Supremo ratificó en 2023 las condenas por el crimen del concejal Javier Ardines en Llanes, asesinado en 2018.
Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para determinar la relación entre el detenido y la víctima. El arrestado pasará en las próximas horas a disposición del juzgado de instrucción de Murcia que asuma la causa.
