Ese mayor dinamismo económico no evita, según la AIReF, el desvío en las cuentas públicas. El organismo eleva al 2,6% el crecimiento del PIB para 2026 y estima una inflación del 3,6%, cifras por encima de las que el propio Ejecutivo manejaba en proyecciones anteriores. La mejora de la actividad no basta, en su diagnóstico, para enderezar la trayectoria del gasto.
Según el cálculo de la AIReF, ninguna administración territorial cumplirá este año con la regla de gasto, el mecanismo que limita el crecimiento del gasto computable de cada administración en función de la evolución potencial de la economía a medio plazo. Es el pilar de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera de 2012, sobre la que el organismo emite informes preceptivos antes de la aprobación de los Presupuestos.
El organismo sitúa el origen del desvío en la combinación de un gasto estructural creciente —vinculado a pensiones, sanidad y transferencias a las comunidades— con unos ingresos que, pese a la mejora del empleo, no compensan ese ritmo de ejecución. El mercado laboral ilustra ese contraste: la Seguridad Social sumó 186.612 afiliados en octubre, el mejor dato desde 2002, mientras el paro subió en 43.128 personas ese mismo mes.
La corrección que la AIReF cifra en unos 20.000 millones de euros para 2027 recaería sobre el Gobierno que resulte de las próximas elecciones, sea cual sea su signo. La magnitud recuerda a episodios previos de consolidación en España, como los planes de recorte aplicados tras la crisis de deuda soberana de 2012, cuando el país redujo su déficit bajo la vigilancia de la Comisión Europea y el Mecanismo Europeo de Estabilidad.
La AIReF, creada en 2013 para velar por el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria consagrado en el artículo 135 de la Constitución, carece de capacidad ejecutiva para imponer el ajuste, pero sus informes condicionan el debate presupuestario y sirven de referencia al Ministerio de Hacienda y a Bruselas. Esa supervisión se refuerza tras la reforma de las reglas fiscales comunitarias aprobada por el Consejo de la UE en 2024.
El aviso se produce con el gasto público como foco de atención de las instituciones económicas y en paralelo a una evolución de precios desigual, como refleja la rebaja del aceite de oliva virgen extra a 4,47 euros el litro aplicada por Carrefour, frente al 3,6% de inflación general que proyecta el organismo para el conjunto del año.
