La Diputación Permanente ejerce las funciones del pleno del Congreso en los periodos en que las Cámaras no están reunidas o se encuentran disueltas, como ocurre ahora en plena antesala electoral. Esa composición de 69 puestos reproduce a escala el equilibrio de fuerzas de las Cortes, y en ella el bloque que pide la salida de Puente alcanza una mayoría de 35 escaños, según el reparto que preside la convocatoria de este martes.
Puente llega a la cita con un historial parlamentario marcado por el desgaste: ha sido reprobado en siete ocasiones por el Congreso y el Senado a lo largo del mandato, sin que ello haya derivado hasta ahora en su salida del Gobierno. La reprobación parlamentaria, a diferencia de la moción de censura, carece de efectos jurídicos vinculantes en el ordenamiento español y constituye un reproche político sin consecuencias automáticas sobre la permanencia del afectado en el cargo.
El propio ministro ha defendido públicamente su continuidad al frente del departamento, al sostener que debe seguir en el puesto para ofrecer soluciones y alternativas ante un siniestro que, según ha reconocido, ha puesto en cuestión todo el sistema ferroviario español. Más allá del bloque formado por PP, Vox, PNV y Junts, podría enfrentarse igualmente a reproches de formaciones que respaldaron la investidura del Gobierno, como ya ha ocurrido en otros momentos de la legislatura.
La presión sobre Transportes no se limita al ámbito parlamentario. Csif ha denunciado que «se sienten desamparados» los controladores de Adif tras el accidente de Urda, una queja sindical sobre las condiciones de trabajo del personal ferroviario en un momento de máximo escrutinio sobre la seguridad en las vías. La crisis también ha tenido traslación en las calles: la Policía desplegó unos 200 antidisturbios en el centro de Madrid por riesgo de saqueos en los días posteriores al siniestro.
La dimensión territorial de la crisis se ha hecho notar desde fuera del Congreso. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, exigió a Moncloa la dimisión del ministro por el accidente, sumando presión desde el ámbito municipal.
«La dimisión de Puente lo antes posible», exigió Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, al Gobierno central en relación con el accidente de Urda.
El ministro ha insistido en que dispone del respaldo expreso del presidente del Gobierno para mantenerse en el cargo, una garantía que hasta ahora ha sido determinante para sortear las sucesivas reprobaciones en sede parlamentaria. Ese respaldo volverá a ponerse a prueba este martes ante una Diputación Permanente sin mayoría favorable a su continuidad.