La denuncia abre la puerta a que la Comisión examine si el procedimiento respetó las obligaciones que imponen los tratados europeos y el acervo común en materia de asilo y fronteras, un terreno en el que las competencias nacionales conviven con normas comunitarias de obligado cumplimiento para los Estados miembros.
El marco jurídico de referencia es el Reglamento de Dublín y la Directiva de retorno, que fijan los procedimientos que los Estados deben seguir al tramitar solicitudes de protección internacional y al ejecutar expulsiones, además de los mecanismos de información a Bruselas y a los demás socios cuando se adoptan medidas de regularización de alcance significativo.
La cuestión del aviso previo remite a la obligación de que los Estados informen con antelación de decisiones que puedan afectar a la circulación de personas dentro del espacio Schengen, dado que una regularización en un país puede facilitar después la movilidad hacia otros territorios de la Unión. Las otras tres vías señaladas por Junts afectan al procedimiento de expulsión de quienes no cumplan los requisitos, a la relación entre el nuevo cauce y el sistema de asilo existente y al uso de la lengua en la tramitación de los expedientes.
España no sería el primer país en afrontar el escrutinio comunitario por una regularización extraordinaria. Italia aprobó en 2020 una regularización de temporeros y trabajadoras del hogar que generó dudas sobre su compatibilidad con las normas de coordinación migratoria europea, sin que llegara a derivar en un procedimiento sancionador formal por parte de Bruselas.
La Comisión Europea dispone del procedimiento de infracción del artículo 258 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para actuar si concluyera que un Estado miembro ha incumplido el Derecho comunitario. Ese trámite comienza con una carta de emplazamiento y puede terminar, en última instancia, ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo.
El refuerzo del control migratorio ha sido una prioridad explícita de Bruselas en los últimos meses, en línea con la decisión de dotar a Frontex de una fuerza capaz de desplegarse «en cuestión de horas» ante crisis en las fronteras exteriores del bloque, un impulso que coincidió con la petición de Costa a la UE de «fuerza, recursos y unidad» para dejar de solo reaccionar ante los desafíos exteriores.