La denuncia que originó la investigación apunta también a la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Cabo Llanos, situada en la misma zona y conectada hidráulicamente con la depuradora. Según el documento de la Fiscalía, el presunto estado defectuoso de ambas instalaciones estaría "directamente vinculado a la emisión de vertidos de aguas residuales al mar sin el debido tratamiento y control". El Ministerio Público calificó las diligencias de "carácter reservado", de modo que las líneas generales del caso solo pueden reconstruirse a partir de documentación pública ya existente, buena parte elaborada por la propia Administración.
La EBAR de Cabo Llanos recoge las aguas residuales de las zonas baja y centro de Santa Cruz y las bombea hasta la EDAR de Buenos Aires, de titularidad municipal, donde un tratamiento biológico degrada la materia orgánica antes de destinar el agua resultante a la red insular de riego que gestiona la empresa pública BALTEN. Un informe del entonces Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, fechado en 2017, advertía de que la EBAR "no es capaz de tratar todo el caudal que recibe en la actualidad", de modo que el excedente se vierte, tras un tratamiento básico, por una conducción de desagüe en el Muelle de la Hondura. Una estimación oficial de 2011 situó el caudal diario de la estación en 20.900 metros cúbicos.
Cuatro veces la carga contaminante prevista
La depuradora de Buenos Aires, con capacidad para tratar 30.000 metros cúbicos diarios, fue diseñada para soportar entre 200 y 250 miligramos por litro de demanda biológica de oxígeno a cinco días (DBO5). El mismo informe de 2017 cifra la carga real recibida en una media de 791 miligramos por litro, casi cuatro veces el máximo previsto, pese a que el flujo de entrada, de unos 26.000 metros cúbicos diarios, queda por debajo de la capacidad nominal de la planta. El documento atribuye a esa sobrecarga el "mal funcionamiento" del tratamiento biológico, cuyos resultados "muchas veces no cumplen con los requerimientos exigidos en el agua tratada", además de "problemas de decantación secundaria por problemas constructivos" y una "baja calidad" del efluente para el riego agrícola y de parques.
Para resolver ese cuello de botella, la Dirección General del Agua, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), licitó en 2018 la reforma y ampliación de ambas instalaciones. El contrato, adjudicado por 20,17 millones de euros a la UTE formada por Joca Ingeniería y Construcciones y ALPI Construcciones, por debajo de los 32,4 millones del presupuesto base de licitación, contempla una nueva conducción que eleve directamente a la EDAR la totalidad de las aguas de la EBAR y duplicar la capacidad de tratamiento de la depuradora hasta los 55.000 metros cúbicos diarios.
La previsión inicial del MITECO fijaba el final de las obras en 2022. Casi ocho años después de la adjudicación, los trabajos siguen sin terminar y la última fecha trasladada por el Ministerio apunta al verano de 2028. El Estado justificó los retrasos en una respuesta parlamentaria por escrito en noviembre de 2025, en la que alegó la aparición de "multitud de servicios no inventariados o en una ubicación distinta a la previamente informada" durante las obras en la trama urbana, además de demoras en la tramitación de licencias y autorizaciones ambientales, "problemas en el suministro de equipos y falta de mano de obra cualificada" y la necesidad de rediseñar técnicamente parte de la actuación.
El tipo penal que examina la Fiscalía es el delito contra los recursos naturales y el medio ambiente del artículo 325 del Código Penal, que castiga a quien provoque o realice vertidos que puedan perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales. Las diligencias de investigación penal permiten al Ministerio Público reunir los elementos necesarios antes de decidir si interpone querella o archiva la causa. En Canarias ya hay precedentes de vertidos litorales persistentes: en Telde (Gran Canaria), vertidos industriales alcanzan la costa desde hace casi una década a través de un emisario no autorizado.
En esa misma respuesta parlamentaria, el Ministerio precisó que en noviembre de 2025 se ejecutaban trabajos de la Fase 1 de la EDAR de Buenos Aires, pendiente aún de la Fase 2, un calendario que condiciona cuándo dejará de verterse al mar el caudal que hoy no recibe el debido tratamiento. La causa comparte jurisdicción medioambiental con otras resueltas en los tribunales canarios y peninsulares, en un año en que la actividad judicial sobre vertidos y recursos naturales ha ganado peso, como refleja también la condena a elDiario.es a rectificar sobre el Pazo de Meirás dictada por la Audiencia de Madrid.