El profesor, según fuentes de ANPE, se encuentra muy afectado por la rotura nasal y tiene intención de personarse como acusación particular en el juzgado. El centro ha decretado para el estudiante la suspensión máxima de 30 días lectivos, mientras se tramitan las actuaciones disciplinarias. «Evidentemente es un shock», declararon los responsables del sindicato sobre el estado del docente.
La Consejería de Educación de la Generalitat Valenciana explicó que, tan pronto tuvo conocimiento de la agresión, activó los protocolos previstos en la normativa vigente. El incidente ha quedado registrado en la plataforma Itaca Previ, el sistema autonómico de notificación de incidencias de convivencia escolar, y se ha puesto en marcha el protocolo específico de atención ante agresiones al personal docente.
La Inspección Educativa, en coordinación con el equipo directivo del instituto, realiza un seguimiento que incluye acompañamiento, apoyo y asesoramiento al profesor agredido, además de las medidas de protección que marca el procedimiento. El caso del alumno se ha remitido a la Fiscalía de Menores y la dirección del centro incoará un expediente por falta grave de convivencia, según trasladó Educación.
ANPE ha reclamado a la Consejería una revisión del decreto de convivencia escolar, una demanda que el sindicato dice haber planteado durante las negociaciones de 2022 y de 2025 sin que sus principales reivindicaciones fueran atendidas. La organización admite que la norma aprobada en 2025 supuso una mejora notable respecto a la de 2022, pero sostiene que los protocolos actuales «siguen sin garantizar una respuesta inmediata y eficaz ante las agresiones al profesorado».
El sindicato exige con carácter urgente que se establezcan medidas disciplinarias inmediatas y obligatorias ante agresiones físicas a docentes, y reclama el desarrollo de la Ley de Autoridad del Profesorado, una norma que, según recuerda, lleva pendiente desde 2010. En esa línea de protección al personal público, otros colectivos han trasladado demandas similares a sus administraciones, como la que Jucil dirigió a Pons ante el déficit de guardias civiles en Baleares.
«No basta con reconocer la autoridad del profesorado sobre el papel. La Administración debe garantizar su protección real y actuar con contundencia ante cualquier agresión», sostienen los responsables de ANPE.
«Ningún docente debería acudir a su centro de trabajo con miedo a ser agredido», añaden desde el sindicato, que exige «medidas efectivas para garantizar la seguridad en las aulas».
La reivindicación de una norma estatal de autoridad docente arranca de la primera ley autonómica del género, la aprobada por la Comunidad de Madrid en 2010, que atribuyó al profesorado la condición de autoridad pública. Varias comunidades replicaron después ese modelo, pero ANPE mantiene abierta su exigencia de que la Ley de Autoridad del Profesorado deje de ser una promesa normativa sin desarrollo efectivo mientras avanza el expediente disciplinario en Oliva y la causa en la Fiscalía de Menores.
