El litigio alcanza a 351 usuarios de VPO que, según la sentencia, llevaban meses abonando una cantidad superior a la fijada para este tipo de vivienda. El sobreprecio llegaba hasta los 140 euros mensuales, un incremento de en torno al 33% sobre el precio prefijado para los adjudicatarios, en pisos que en muchos casos presentan deficiencias de conservación no resueltas.
La resolución se centra formalmente en el caso individual de un vecino de Laguna de Duero que impugnó su contrato ante la Administración y, después, en la vía contenciosa. El tribunal le ha dado la razón y ha fijado que Testa Residencial Socimi debe restituirle el dinero cobrado de más junto con los intereses correspondientes desde el momento del pago indebido.
Aunque la sentencia resuelve un expediente concreto, su alcance trasciende el caso individual. Según fuentes cercanas al procedimiento, el fallo sienta un antecedente que abre la puerta a que el resto de los 351 usuarios perjudicados reclamen por la vía administrativa o judicial la devolución del sobreprecio abonado, siempre que acrediten las mismas condiciones contractuales anuladas por el tribunal.
La vivienda protegida en España se rige por un régimen de precios máximos fijado por las comunidades autónomas, pensado para garantizar el acceso a la vivienda de familias con rentas limitadas. Que un fondo de inversión propietario de VPO pudiera aplicar un recargo del 33% sobre ese precio tasado, con el visto bueno de la Junta de Castilla y León, es precisamente lo que ha cuestionado el tribunal vallisoletano en su fallo.
La entrada de fondos en la VPO
El caso de Testa Residencial Socimi se inscribe en la gestión de parques de vivienda protegida por grandes tenedores institucionales, una fórmula extendida en distintas comunidades autónomas en la última década como vía para movilizar capital privado en la construcción y gestión de VPO. La sentencia cuestiona ahora los límites de esa colaboración público-privada en Castilla y León.
El encarecimiento de la vivienda protegida convive con otras tensiones territoriales sobre el acceso a la vivienda, como la que atraviesa Baleares, donde Vox llevará al pleno de Palma gravar la vivienda a extranjeros y eximir a españoles, en un contexto de presión sobre los precios del alquiler y la compra.
La sentencia llega después de que la construcción de vivienda protegida registrara, según datos publicados el 9 de octubre, su mejor semestre en 15 años, lo que vuelve a poner el foco sobre las condiciones en las que se gestionan y adjudican estas viviendas una vez entregadas a sus usuarios finales.
Por ahora, el fallo reconoce el derecho de restitución del vecino de Laguna de Duero que impulsó la demanda, un pronunciamiento al que podrán acogerse los otros 350 usuarios con contratos similares si deciden emprender reclamaciones individuales.