El nuevo retraso se suma a dos suspensiones previas acordadas en apenas dos semanas. El 16 de octubre el tribunal concedió una semana adicional y el pasado viernes otros siete días más, en ambos casos para dar margen a las partes a cerrar un acuerdo con las aseguradoras del Ayuntamiento de Sevilla que garantice las indemnizaciones a las víctimas y permita evitar la celebración del juicio.
En esta tercera ocasión el motivo cambia de naturaleza: ya no se trata de negociar compensaciones económicas, sino de completar el expediente médico de la causa. Los informes forenses pendientes corresponden a cinco personas afectadas por el brote cuya situación clínica aún no había sido valorada por los profesionales del Instituto de Medicina Legal, un trámite que el tribunal considera imprescindible antes de abrir la vista oral.
El origen del proceso se remonta al brote de listeriosis detectado en Sevilla, vinculado al consumo de carne mechada producida por la empresa Magrudis, que provocó el mayor episodio de esta enfermedad transmitida por alimentos documentado en Europa. El balance oficial habla de cuatro fallecidos, siete abortos espontáneos y más de 250 personas contagiadas, cifras que sitúan el caso entre los mayores escándalos de seguridad alimentaria de la última década en España.
Las víctimas de Magrudis responsabilizaron públicamente al Ayuntamiento de Sevilla de la falta de un acuerdo de indemnización que permitiera cerrar la vía judicial sin necesidad de juicio, según informó la prensa el pasado 23 de octubre. Esa tensión entre afectados y administración local ha marcado el calendario procesal de las últimas semanas, con sucesivos aplazamientos que buscaban, primero, forzar una salida negociada con las aseguradoras municipales.
Al no haberse alcanzado ese pacto en los plazos concedidos, el foco del proceso se desplaza ahora a la instrucción médica pendiente, un paso que la Audiencia considera necesario para que la causa quede completa antes de fijar una fecha definitiva de inicio de la vista oral. La listeriosis, causada por la bacteria Listeria monocytogenes, resulta especialmente peligrosa para embarazadas, ancianos y personas inmunodeprimidas, lo que explica la gravedad de los siete abortos recogidos en el balance.
El brote de 2019 marcó un antes y un después en la vigilancia de la seguridad alimentaria en España y motivó la intervención de las autoridades sanitarias andaluzas y del Ministerio de Sanidad, que activó entonces el sistema de alerta por el riesgo de propagación a otras comunidades a través de productos distribuidos por la empresa. Ese precedente convirtió la macrocausa de Magrudis en el mayor procedimiento judicial por intoxicación alimentaria del país.
El interés por anticipar las consecuencias de los factores de riesgo para la salud atraviesa también la investigación biomédica reciente, como recogía un trabajo de la CEU San Pablo sobre la pleiotrofina y el deterioro cognitivo asociado a la obesidad.
El juicio por el brote de Magrudis queda convocado para el 23 de noviembre, fecha en la que el tribunal espera contar ya con la totalidad de los informes forenses y con una situación procesal clarificada respecto al acuerdo indemnizatorio que las víctimas reclaman al Ayuntamiento de Sevilla.
