La resolución endurece el tono frente al Ejecutivo después de que la instructora manifestara su insatisfacción con la documentación entregada hasta ahora por el Centro Nacional de Inteligencia sobre los sucesos en la frontera ceutí. Tardón reclama acceso a informes que, a su juicio, permanecen clasificados sin justificación suficiente para el curso de la causa, y fija un ultimátum temporal para que la Moncloa facilite ese material.
«Resulta imprescindible para la averiguación de la verdad material», ha apostillado la magistrada en su resolución, donde insta al Gobierno a actuar «con carácter urgente y en todo caso en el plazo de 15 días naturales».
La jueza sostiene además que la «información solicitada es relevante para la investigación y no afecta a la seguridad del Estado», un argumento que anticipa la pugna con el Ejecutivo, que dispone de mecanismos legales para oponerse a la desclasificación si entiende que el contenido compromete intereses reservados. El régimen de secretos oficiales, regulado por la Ley 9/1968 aún vigente, atribuye al Consejo de Ministros la facultad de clasificar y desclasificar materias que afectan a la seguridad del Estado.
La Audiencia Nacional asumió la instrucción de este caso el 7 de septiembre, al apreciar que los hechos ocurridos durante la entrada masiva de finales de julio podían constituir un ataque grave a la integridad territorial de España, delito que justifica la competencia del tribunal central frente a los juzgados ordinarios de Ceuta. La causa se mantiene en fase de instrucción, sin que conste hasta el momento ningún investigado formalmente identificado en el procedimiento.
El requerimiento a la Moncloa se suma a otras diligencias ya practicadas por la instructora, que ha citado como testigos a tres ciudadanos marroquíes que accedieron a Ceuta durante aquellos días, en un intento de reconstruir la secuencia de los hechos desde el lado de quienes cruzaron la frontera.
La tensión entre instructores y Gobierno por el acceso a documentación clasificada tiene antecedentes recientes: en 2021 el juez Santiago Pedraz, también de la Audiencia Nacional, reclamó al Ejecutivo la desclasificación de documentos sobre el espionaje con el programa Pegasus, en una controversia que evidenció los límites del secreto oficial frente a la actividad judicial. La actual actividad de los tribunales en materia política se extiende a otros frentes, como el archivo del CGPJ relativo a la jueza de la Dana, recurrido por un ex alto cargo de Emergencias.
El Ejecutivo dispone de 15 días naturales desde la notificación de la resolución para responder al requerimiento, bien aportando la documentación reclamada, bien planteando los recursos que la ley le permite si decide mantener la clasificación de los informes vinculados a la crisis fronteriza de julio.