La resolución reserva el acceso al perímetro afectado exclusivamente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a los equipos de salvamento y sanidad y al personal judicial, según el comunicado difundido por el Tribunal Superior de Justicia. Queda vetada, además, la retirada de cualquier elemento de la zona, así como la toma y difusión de imágenes del lugar del siniestro.
La instructora justifica la medida en la necesidad de esclarecer los hechos y preservar las evidencias, pruebas e indicios antes de que puedan alterarse, según recoge el comunicado. La causa requerirá previsiblemente peritajes técnicos sobre el estado de la vía, la señalización y el comportamiento de los convoyes implicados.
Incautación de las cajas negras
Entre las primeras diligencias acordadas figura la incautación de las cajas negras de los trenes siniestrados, que serán custodiadas y analizadas por la Policía Judicial de Toledo. Estos registradores de datos resultan determinantes en la instrucción de accidentes ferroviarios, ya que recogen velocidad, frenada y otras variables técnicas en los instantes previos al suceso.
La instructora ha oficiado también a la Policía Judicial para que se persone en el centro de control de Atocha, con el fin de recabar los datos relativos a la circulación de trenes en el tramo donde se produjo el accidente. Reclama igualmente el informe de la comisión de investigación interna de Adif sobre el personal encargado del control de mando en el momento del siniestro.
Por otra vía, la jueza ha requerido a la Policía Judicial de Toledo documentación de Adif sobre los protocolos de actuación aplicados en los minutos previos, durante y después del accidente, un extremo que permitirá reconstruir la cadena de decisiones operativas en el tramo de Alta Velocidad.
En paralelo a la instrucción, la operadora Iryo desmintió al ministro de Transportes, Óscar Puente, al sostener que su maquinista nunca recibió instrucciones de continuar su recorrido antes de producirse el accidente, un punto que previsiblemente será objeto de las diligencias ante el juzgado de Orgaz.
El secreto de sumario es un mecanismo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que permite al instructor sustraer las actuaciones al conocimiento de las partes y de terceros durante un periodo determinado para no comprometer la investigación. En accidentes ferroviarios, la judicatura ha recurrido a él en episodios como el descarrilamiento del Alvia en Angrois, en Santiago de Compostela, el 24 de julio de 2013, donde las cajas negras y los informes de Adif fueron también pieza central de la causa.
Mientras rija la reserva, quedan bajo custodia judicial los informes periciales que se incorporen y las declaraciones de los implicados. El procedimiento se tramita en el Tribunal de Instancia de Orgaz, en Toledo, a cuya titular corresponde levantar o prorrogar el secreto según avance la instrucción.