Jucil cuestionó en un comunicado las cifras oficiales presentadas por la administración como un «movimiento récord» en la cobertura de vacantes. Según la asociación, de las 384 plazas anunciadas como cubiertas, solo 310 corresponden a agentes realmente nuevos, mientras que las 74 restantes son traslados internos de unidad que no suponen refuerzo de efectivos en las islas.
La entidad calificó de «alarmante» que 235 de esos nuevos agentes solo estén obligados a permanecer en Baleares durante un año, al tratarse de personal destinado forzosamente o de alumnos en prácticas procedentes de la academia. A ese carácter temporal se suma, según Jucil, el goteo de bajas: tras la temporada estival se han contabilizado 121 renuncias y traslados, lo que reduce «de forma drástica» el impacto de las incorporaciones.
Mallorca, la isla más afectada
El desglose por islas que maneja la asociación muestra a Mallorca como el territorio que más efectivos ha absorbido y el que más bajas ha sufrido: 211 incorporaciones, 147 de ellas con permanencia obligatoria de solo un año, frente a 102 salidas. Ibiza ha sumado 59 guardias civiles, con 55 sujetos a esa misma temporalidad, y ha perdido 24. Menorca ha recibido 32 efectivos, 26 de ellos temporales, con 13 marchas, y Formentera ha incorporado ocho agentes, siete con obligación de un año, frente a tres bajas.
Jucil advirtió de que, con este patrón, el próximo verano podría perderse «más del 95% de los efectivos recién llegados este año en Ibiza, Menorca o Formentera, y más del 50% en Mallorca», lo que dejaría prácticamente sin margen de refuerzo a las islas menores.
«Todas las islas han perdido ya prácticamente el equivalente a la mitad de los agentes que acababan de incorporar», denunció la asociación profesional Jucil en su comunicado.
La organización calificó de «parche ineficaz» la reciente revisión del complemento de insularidad, al considerar que «no frena la fuga de personal, no atiende a la realidad socioeconómica balear y perpetúa una falsa equiparación con el archipiélago canario». Subrayó además que el problema de acceso a la vivienda y el coste de vida en Baleares «no es ajeno al resto de empleados públicos de la Administración General del Estado», una dificultad que comparten otros cuerpos destinados en las islas.
Un modelo propio de insularidad
Entre sus reivindicaciones, Jucil reclama la creación de un modelo de insularidad específico para Baleares que fije cuantías lineales adaptadas al archipiélago, la aplicación de un componente de trienios por insularidad, la declaración de zona de especial singularidad con incentivos internos y el uso del margen de seis meses que habilita el Real Decreto Ley 19/2026 para adecuar las compensaciones.
El destinatario de las demandas, Pons, se estrenó este miércoles en el cargo tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del cese de Alfonso Rodríguez y de su propio nombramiento, aprobado el martes en Consejo de Ministros. El acto formal de toma de posesión se celebrará previsiblemente la próxima semana, aunque ambos ya mantuvieron un encuentro el martes para iniciar el relevo institucional. Las delegaciones del Gobierno, figura regulada en la Ley 40/2015, representan al Ejecutivo central en cada comunidad autónoma y dirigen los servicios estatales, entre ellos la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
«No necesitan titulares efectistas ni maquillajes de vacantes», sino «voluntad política y soluciones retributivas y laborales dignas», afirmó la asociación Jucil sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en Baleares.