La denunciante presentó el escrito tras comprobar que el juzgado de instrucción podría estar dejando caducar la causa sin haber completado las diligencias pendientes, entre ellas la toma de declaración de los dos exconsellers. Su denuncia original señala como acoso laboral la conducta sufrida entre 2015 y 2018 bajo la dirección de su entonces jefa de departamento, Isabel Morey, en la extinta Vicepresidencia del Govern.
Mercedes Garrido, hoy diputada socialista y miembro de la Mesa del Parlament, y Juan Pedro Yllanes, exjuez próximo a Podemos y exvicepresidente del Govern, fueron citados como investigados hace un año por su responsabilidad como titulares de las consellerias donde se habría producido el presunto acoso. Ambos ejercieron sus carteras durante la legislatura del Pacto de izquierdas presidido por la socialista Francina Armengol, entre 2019 y 2023.
Dos citaciones aplazadas en un año
La magistrada instructora, María Pérez Ruiz, comunicó el pasado 3 de diciembre la segunda citación como investigados de Garrido e Yllanes, fijada para el 5 de febrero de este año. Esa comparecencia también se aplazó, de modo que ninguno de los dos ha llegado a declarar ante el juzgado pese a que sí se tomó declaración a la denunciante. El incidente de nulidad denuncia que los plazos de citación se habrían empleado como recurso dilatorio para evitar la comparecencia.
La denunciante atribuye el origen del conflicto a Isabel Morey, a quien acusa de haberle «hecho la vida imposible durante tres años, entre 2015 y 2018», según consta en su denuncia. Sendín relata que se la habría obligado a remitir un expediente al Ministerio de Administraciones Públicas redactado en catalán, práctica entonces fuera de la normativa vigente, y que habría sido arrinconada en sus funciones. Fruto de aquella situación causó baja médica durante un año.
Cuando se reincorporó en 2019, el Pacto de izquierdas había revalidado su mayoría en el Parlament balear: Yllanes asumió la vicepresidencia del Govern y Garrido llegó a la Conselleria de Presidencia en 2021. Sendín reactivó entonces su denuncia y la trasladó directamente a ambos exconsellers.
«Hicieron todo lo posible a través de sus afines en el Govern para paralizar cualquier expediente disciplinario que afectase a su personal de confianza. Retuvieron información y jamás activaron el protocolo por acoso», sostiene Margarita Sendín en su denuncia contra Garrido e Yllanes.
La causa incluye como investigados a otros funcionarios y altos cargos del Govern del Pacte, entre ellos la exdirectora general de Función Pública Carmen Palomino, Juan Matas, Margarita Roca Bibiloni y María Jesús Romero Amengual. Esta última pasó de ser funcionaria de confianza de Armengol en la extinta Oficina Anticorrupción a integrarse en el equipo de Yllanes. También figura Paula Cristina de Juan, número dos en la Conselleria de Yllanes y actualmente funcionaria en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo pese a estar investigada.
Sendín denuncia además irregularidades en la instrucción, al no haberse entregado documentos originales que el propio juzgado habría solicitado en su día. Antes de acudir a la vía penal, la funcionaria —que ha sido alto cargo del PP en Mallorca— llevó su caso a la jurisdicción Contencioso-Administrativa, donde perdió un recurso, y también lo remitió al Defensor del Pueblo, que archivó el expediente. El incidente de nulidad es el cauce previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial para pedir que se anulen actuaciones y se subsanen defectos procesales antes de que la resolución sea firme.
Con este recurso, Sendín busca que la Audiencia Provincial obligue al juzgado a completar las diligencias antes de resolver sobre el sobreseimiento, entre ellas la comparecencia de Garrido e Yllanes, que seguían sin haber declarado como investigados por el presunto delito de acoso laboral.
