La solicitud del máximo responsable electoral, también magistrado del Tribunal Supremo, se produce en un clima de acusaciones cruzadas sobre el desarrollo de los comicios. La coalición liderada por Netanyahu denuncia fraude en el voto obtenido por las dos listas árabes, que según el recuento lograron un número récord de escaños en estas elecciones, sin que se hayan detallado públicamente pruebas concretas ante las autoridades electorales.
Aunque el comunicado de Sohlberg evita nombrar a ningún Estado, buena parte de las miradas políticas y mediáticas en Israel se han dirigido hacia Qatar, país con el que el Gobierno israelí mantiene una relación marcada tanto por la mediación de Doha en los contactos con Hamás como por las tensiones que esa intermediación ha generado dentro de la coalición gobernante.
El resultado electoral, con el escrutinio prácticamente cerrado, apunta a que el bloque de Netanyahu pierde la mayoría parlamentaria que ostentaba, un vuelco que reabre el debate sobre la composición del próximo Gobierno y sobre el papel que podrían jugar los partidos árabes en cualquier configuración de bloques en la Knéset.
El encargo a los servicios secretos sitúa la investigación en el ámbito de la seguridad del Estado, el cauce habitual en Israel cuando se sospecha de interferencia de actores extranjeros en procesos internos, ya sea mediante financiación encubierta, campañas de desinformación o presión diplomática indirecta sobre determinados sectores del electorado.
El propio sistema electoral israelí, de representación proporcional pura con un único distrito nacional, hace especialmente sensibles estas acusaciones: pequeñas variaciones en el reparto de votos entre listas pueden alterar de forma decisiva la aritmética parlamentaria necesaria para formar gobierno, como ocurrió en la sucesión de cinco comicios celebrados en el país entre 2019 y 2022, cuando ningún bloque logró consolidar una mayoría estable durante años.
Qatar ha sido en los últimos años uno de los principales canales de financiación humanitaria hacia Gaza con el visto bueno tácito de sucesivos gobiernos israelíes, una posición que le ha dado una influencia regional que algunos sectores políticos en Israel han cuestionado abiertamente, aunque sin que hasta ahora se hayan formalizado denuncias judiciales equivalentes a la planteada por el comité electoral.
La petición de Sohlberg no fija plazos ni anticipa el alcance de las pesquisas que deberá emprender el Shin Bet, y el pronunciamiento del comité se limita a calificar las alegaciones de "graves" sin mayor concreción pública.