La información filtrada incluye nombres, números de teléfono y direcciones de los trabajadores afectados. Entre los datos expuestos figuran más de 21.000 registros que identificarían a agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) adscritos a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, además de otros 10.000 pertenecientes a la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del propio ICE, según los datos divulgados por el colectivo.
El Departamento de Seguridad Nacional reconoció ser consciente del riesgo y aseguró estar tomando medidas para contenerlo y garantizar la protección de los datos de sus trabajadores.
«Estamos trabajando de forma activa para abordar la situación de forma eficiente», afirmó el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en un comunicado.
Los autores del ataque entregaron el material a la periodista Maia Arson Crimew, quien a su vez lo trasladó a Distributed Denial of Secrets, un colectivo sin ánimo de lucro dedicado a alojar y publicar filtraciones consideradas de interés público. La organización no ha identificado a la fuente original del material y se ha referido a ella bajo el seudónimo de «Departamento de Paz».
Emma Best, fundadora del colectivo, situó el alcance de la filtración en el terreno de la supervisión de operaciones de inteligencia y defendió su relevancia pública.
«Es una filtración extraordinaria» que establece conexiones explícitas entre «funcionarios responsables de supervisar operaciones encubiertas y secretas», declaró Emma Best, fundadora de Distributed Denial of Secrets.
El colectivo sostiene que el material permitirá identificar con mayor precisión a los agentes del ICE desplegados en el marco de la política antiinmigratoria impulsada por el presidente, Donald Trump, cuya Administración ha endurecido la línea migratoria, en paralelo a episodios como la petición de procesar a la candidata demócrata Mary Peltola formulada por el propio presidente.
La base de datos filtrada está incompleta: recoge información de aproximadamente una quinta parte de los más de 220.000 empleados del Departamento de Seguridad Nacional, el mayor organismo federal de seguridad interior de Estados Unidos, creado tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 para integrar bajo un mismo paraguas las agencias de control fronterizo, inmigración y protección de infraestructuras.
El episodio se produce poco después de ataques informáticos de características similares contra el FBI, en lo que apunta a una escalada reciente de incidentes de ciberseguridad contra agencias federales encargadas de funciones de inteligencia y control fronterizo.