El dirigente popular enmarcó ese balance en lo que describió como un deterioro de la red ferroviaria española, sin detallar qué siniestros integran el cómputo de "más de 100 muertos". La distinción que trazó —señalar la responsabilidad sin pedir formalmente el cese— lo separa de otros episodios de presión política sobre miembros del Gobierno, en los que el PP ha reclamado dimisiones de manera expresa.
Las palabras de Feijóo llegan tras el choque de trenes registrado en Urda (Toledo), que dejó al menos 30 muertos según las primeras pesquisas y obligó a cortar la conexión de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. El siniestro situó la seguridad ferroviaria en el centro del debate público.
El líder del PP prometió que, si alcanza la Presidencia del Gobierno, aplicará un criterio de responsabilidad directa: cesaría a cualquier ministro de Transportes bajo cuyo mandato se produjeran accidentes de la escala del de Urda. Esa fórmula, enunciada como compromiso de gestión, no ha ido acompañada de un desarrollo normativo concreto por parte del partido.
El Gobierno respaldó a Puente en los días posteriores al choque. Pedro Sánchez acompañó al ministro en Urda y recordó su amistad desde Valladolid, un gesto interpretado como señal de continuidad al frente de la cartera. El propio Puente ya había fijado su posición pública sobre el estado del servicio tras el accidente, como recogió la pieza sobre la seguridad y puntualidad de los trenes españoles.
La Constitución española, en su artículo 108, establece que el Gobierno responde solidariamente de su gestión política ante el Congreso de los Diputados. El artículo 100 atribuye al presidente del Gobierno la potestad de nombrar y separar a los ministros, sin mecanismos automáticos vinculados a sucesos concretos. No existe en el ordenamiento un precepto que obligue a la dimisión de un ministro de Transportes tras un accidente ferroviario.
El precedente más próximo es la tragedia del Alvia en Angrois (Santiago de Compostela), que el 24 de julio de 2013 causó 80 muertos sin que la entonces ministra de Fomento, Ana Pastor, abandonara el cargo, un caso que marcó el debate español sobre la responsabilidad política ante catástrofes ferroviarias. En otros países europeos la dimisión por responsabilidad política ante siniestros de transporte ha sido más frecuente en las últimas décadas.
La promesa de Feijóo de aplicar un criterio de cese automático en caso de accidentes similares queda, por ahora, como un compromiso sin concreción normativa adicional.