El litigio arrancó cuando un particular inició un procedimiento monitorio, la vía judicial para exigir el cobro de cantidades líquidas, vencidas y exigibles sin necesidad de un juicio ordinario previo. Ante esa reclamación, el investigado no se limitó a oponerse con argumentos jurídicos: presentó ante el juzgado un documento que, según el escrito de acusación, había redactado él mismo para sostener que no debía los intereses ni las condiciones reclamadas.
El Ministerio Público sostiene que el investigado fechó el papel retroactivamente, simulando que había sido suscrito en septiembre de 2021, meses antes del inicio del procedimiento judicial. Esa antedata buscaba hacer pasar el documento como un acuerdo previo entre las partes que eximía al deudor de abonar intereses y de cumplir las condiciones que exigía el acreedor.
Para dotar de apariencia de autenticidad al contrato, el acusado copió y estampó en el papel la firma de la persona que le reclamaba el dinero, sin su consentimiento, según la acusación. El objetivo era inducir a error al magistrado encargado del monitorio y hacerle creer que existía un pacto legítimo que invalidaba la deuda, con un claro perjuicio económico para el acreedor.
La maniobra no prosperó y el asunto saltó de la jurisdicción civil a la penal. La Fiscalía imputa al investigado un delito de falsedad en documento privado, tipificado en el Código Penal, en concurso con un delito de estafa procesal, la figura que castiga el intento de obtener una resolución judicial favorable mediante el engaño al tribunal. La estafa procesal se incorporó como modalidad agravada en la reforma del Código Penal de 1995.
Como prueba central del supuesto fraude, la acusación aporta el informe de un perito calígrafo que examinó los trazos de la firma cuestionada. Ese dictamen pericial será uno de los elementos de debate cuando se celebre el juicio ante el órgano competente de Palma.
Además de la pena de prisión, el escrito reclama la retirada del documento falsificado del procedimiento y la imposición de todas las costas al acusado. El caso se enmarca entre los asuntos abiertos en los juzgados baleares y estatales, como el de el ex alto cargo de Emergencias que ha recurrido el archivo del CGPJ sobre la jueza de la Dana.
La Fiscalía mantiene su petición de un año de prisión para el investigado, que conserva la presunción de inocencia mientras no recaiga sentencia firme.