La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha incorporado a la causa un mensaje atribuido al empresario Javier Pérez Dolset con el texto «Destruir el procedimiento del hermano», según la documentación policial. Ese mismo informe otorga credibilidad al testimonio de Cintia Rocho, integrante de la familia conocida como 'los Rocho', que declaró haber sido contactada para actuar contra la magistrada.
Rocho aseguró en una entrevista televisiva que recibió datos sobre el domicilio, fotografías y rutinas de Biedma. Según su versión, el exjuez Luis José Sáenz de Tejada se refirió a la magistrada como «un puto grano en el culo», añadió que «había que eliminarla» y remató con la frase «a palos aprende el burro». Rocho explicó que nadie le dio instrucciones expresas, pero interpretó el envío del material como una posible intimidación: «¿Por qué me envías una dirección de una magistrada? A mí me lleva a pensar que quieren que vaya a su casa».
La propia Biedma solicitó personarse como perjudicada al considerar que fue objeto de actuaciones dirigidas a obtener información sobre su persona, desacreditarla pública y profesionalmente, promover denuncias en su contra y apartarla de procedimientos judiciales concretos. En su declaración de este jueves ante la Audiencia Nacional explicó que, durante la instrucción del caso de David Sánchez, aunque no llegó a sentirse amenazada, sí experimentó angustia ante la posibilidad de ser objeto de seguimientos.
Entre los episodios relatados, la magistrada mencionó que le comunicaron que su hermano había acudido al colegio de sus hijas para preguntar por ella y que, en otra ocasión, le trasladaron que su secretario había preguntado si había llegado a su puesto a la hora habitual. Biedma aseguró no tener hermano ni secretario, lo que según su relato apuntaría a un intento de recabar información sobre su entorno mediante engaño.
El periodista Vicente Vallés consideró en su análisis informativo del miércoles que la investigación «da un salto sustancial» al entrar, según sus palabras, «en el mundo de la mafia, de los narcos y de los sicarios». Vallés recordó que el caso adquirió notoriedad pública con la aparición de Leire Díaz, «que hoy es muy famosa, pero que entonces era una perfecta desconocida», y que de ahí se destapó una trama más amplia compuesta por un abogado, empresarios y otros personajes que han pasado por los juzgados.
Vallés añadió que la mayor parte de los testimonios ha acabado por situar como supuesto máximo responsable a Santos Cerdán, elegido por Pedro Sánchez para dirigir el PSOE tras la caída de José Luis Ábalos, hoy apartado. «Hasta hace unas semanas, se suponía que la cloaca del PSOE intentaba buscar datos contra jueces y contra periodistas. Ahora sabemos que sus tareas eran más ambiciosas», sostuvo.
«Las cloacas del PSOE organizaron una persecución mafiosa a la jueza que investigaba al hermano de Pedro Sánchez. Pretendía que un clan de narcos la eliminara. Esa palabra, 'eliminar', es textual», declaró Vicente Vallés, presentador de informativos.
El propio Vallés matizó que Pedraz «tiene que cruzar todos los testimonios antes de adoptar decisiones de mayor calado», aunque consideró que la declaración de Biedma sitúa la causa «en un nivel de gravedad difícilmente superable». La imputación de una persona jurídica, prevista en el Código Penal desde la reforma de 2010, exige indicios de un delito cometido en su provecho y por sus órganos o empleados, un umbral que el juez no da por acreditado y que ya condicionó otras causas contra formaciones políticas, como la que llevó al PP al banquillo por la caja B en 2018.
La causa se tramita en paralelo a otras abiertas en la Audiencia Nacional, como la que mantiene en prisión a un empresario reclamado por Myanmar. El testimonio de Biedma, según Vallés, «supone un paso más para que, en algún momento, la justicia aclare hasta dónde llegaron las cloacas del PSOE».