La sentencia, elaborada por el propio Conde-Pumpido, cuestiona la interpretación que había hecho el Tribunal Supremo sobre el alcance de la amnistía, que excluía de su aplicación el delito de malversación vinculado al uso de fondos públicos durante el proceso independentista de 2017. El Constitucional fija ahora la doctrina que deberá seguir el alto tribunal.
El núcleo del litigio jurídico era si la malversación de caudales públicos, atribuida a los dirigentes del procés por el uso de fondos de la Generalitat para organizar el referéndum de 2017, quedaba cubierta por la ley de amnistía aprobada por las Cortes Generales. El Supremo había mantenido una interpretación restrictiva que excluía ese delito del perdón legal, lo que mantenía bloqueado el regreso de Puigdemont sin afrontar la causa pendiente.
La resolución ordena al alto tribunal revisar esa interpretación y aplicar la amnistía también a la malversación, lo que despeja el principal obstáculo judicial para el retorno del expresident catalán, que abandonó España en 2017 tras la declaración unilateral de independencia y la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
Conde-Pumpido, de 77 años, ha reivindicado la legitimidad del fallo frente a las críticas recibidas desde sectores judiciales y políticos que cuestionan tanto el fondo de la decisión como la composición del propio tribunal. El magistrado ha sido tajante sobre el papel institucional del órgano que preside.
"Cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la democracia", declaró Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional.
El proceso independentista catalán de 2017 planteó uno de los mayores desafíos constitucionales a los que se ha enfrentado España desde la Transición, con una fractura política y social en Cataluña cuyas consecuencias judiciales se prolongan casi una década después. La ley de amnistía, aprobada por las Cortes Generales, fue recurrida ante el Constitucional por diversos grupos y asociaciones que cuestionaban su encaje constitucional, un debate que la nueva sentencia pretende zanjar al fijar la doctrina aplicable.
La resolución llega en un contexto de tensión entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo sobre el alcance de sus respectivas competencias en la interpretación de la norma, en un periodo marcado por otros litigios de relevancia como la confirmación del desalojo y la multa a una madre de cuatro hijos por la Audiencia de Zaragoza.
Conde-Pumpido ha insistido en que la función del Constitucional es garantizar la supremacía de la Constitución sobre cualquier otra interpretación judicial, incluida la del Supremo, y ha defendido la independencia del tribunal frente a las críticas sobre su composición y su cercanía al Gobierno que aprobó la ley recurrida. "Cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la democracia", reiteró el magistrado sobre el papel institucional del órgano que preside.
