Islam y su mujer, Rebecca Connor, aterrizaron en El Prat la noche del 29 de septiembre en un vuelo de Ryanair procedente de Londres. Era la primera vez que viajaban sin sus dos hijos, menores de dos años, que se quedaron en Essex con los abuelos maternos. La pareja pretendía pasar dos noches en Barcelona para celebrar su aniversario de bodas, pero el viaje se frustró en el control de pasaportes, donde agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron al empresario al cotejar su identidad con la alerta internacional cursada por Myanmar.
La notificación roja de Interpol no equivale a una orden de detención automática ni prejuzga responsabilidad penal: es un aviso a los países miembros para localizar y, en su caso, detener provisionalmente a una persona mientras se resuelve una solicitud de extradición. Corresponde a la Audiencia Nacional, órgano que en España concentra las competencias sobre extradiciones pasivas, decidir si entrega a Islam a las autoridades birmanas o aprecia motivos para denegar la petición.
El empresario sostiene que la persecución penal obedece a que contrató en el pasado a una firma de lobby internacional, y que su entrega a Myanmar pondría en riesgo su integridad física.
«Es una venganza», ha declarado Munimul Islam sobre la reclamación cursada por las autoridades de Myanmar.
Alegaciones de este tipo —persecución por motivos políticos o riesgo para la vida del reclamado— figuran entre las causas que los tribunales españoles pueden valorar para denegar una extradición, conforme a los tratados de cooperación judicial y a la jurisprudencia sobre no devolución a países donde exista riesgo de trato inhumano. La Ley 4/1985 de Extradición Pasiva permite rechazar la entrega cuando la petición esconde una finalidad de persecución por razones políticas, de raza o de opinión.
La prisión provisional acordada por la Audiencia Nacional es una medida cautelar orientada a garantizar la disponibilidad del reclamado ante el tribunal y evitar el riesgo de fuga, sin que suponga pronunciamiento sobre los hechos que le atribuye Myanmar. Mientras se sustancia el procedimiento, sus dos hijos pequeños permanecen en Reino Unido con los abuelos maternos y Connor afronta en España el proceso que decidirá el futuro de su marido.
La Audiencia Nacional ha denegado extradiciones en el pasado por apreciar riesgo para el reclamado: en los procesos contra opositores turcos y disidentes de otros regímenes, el tribunal ha invocado el principio de no devolución cuando la entrega podía exponer a la persona a torturas o a un proceso sin garantías. Será ahora ese mismo baremo el que el tribunal aplique al caso de Islam.
Islam continúa en prisión provisional a la espera de que la Audiencia Nacional resuelva si concurren los requisitos legales para su entrega a Myanmar.