La dotación prevista asciende a 201,7 millones de euros, repartidos en 29 actuaciones con las que el Ejecutivo ha prometido levantar alrededor de 2.425 viviendas. A cambio de la cesión de suelo y la subvención, los adjudicatarios privados deberán construir, mantener y gestionar los inmuebles durante 50 años en régimen de concesión.
Durante todo ese periodo, la suma de la renta y los suministros no podrá superar el 30% de la renta disponible estimada del hogar, el umbral que el propio decreto fija como definición legal de vivienda asequible.
La memoria de viabilidad justifica el apoyo público en que «determinadas actuaciones cuya ejecución no resulta viable en condiciones de mercado sin apoyo público, debido al diferencial existente entre los costes de inversión y explotación y los ingresos derivados de las limitaciones de renta propias del régimen de alquiler asequible», requieren esa inyección de recursos estatales. El documento añade que la subvención constituye «un instrumento necesario y proporcionado para garantizar la viabilidad» de las promociones.
«El equipo de Casa 47 está trabajando para poder sacar los primeros suelos antes de elecciones», declaró la presidenta de la entidad, Maribel Ramos Vergeles, el pasado jueves.
La fórmula replica la arquitectura jurídica del Plan Vive que la Comunidad de Madrid puso en marcha bajo la presidencia de Isabel Díaz Ayuso: suelo público cedido a largo plazo, aportación económica para garantizar la viabilidad de las promociones y gestión privada del alquiler con precios limitados. Cuando el Gobierno regional presentó aquel esquema, la oposición lo acusó de favorecer a fondos de inversión en detrimento de políticas estructurales de vivienda pública y de no aplicar la ley estatal de vivienda.
Casa 47 se nutre actualmente de más de 40.000 viviendas y cerca de 2.400 suelos procedentes de la Sareb, con capacidad teórica para unas 55.000 viviendas. En su cartera propia, la entidad prevé contratos de alquiler de hasta 75 años, un plazo superior al medio siglo fijado para las promociones desarrolladas junto a promotores privados.
El giro llega después de que el Ejecutivo central cuestionara de forma reiterada la gestión de la crisis de vivienda en la Comunidad de Madrid, una controversia que ya atravesó el 12 de octubre: mientras Sánchez difundía un vídeo que apelaba al «derecho a poder vivir en tu casa», la oposición había cuestionado que el Gobierno central cargara la responsabilidad de la crisis habitacional sobre gestiones anteriores, como recogió la crítica de Vallés sobre la etapa de Rajoy.
La nueva vía de Casa 47 asume así la colaboración público-privada como herramienta para acelerar la producción de vivienda, ante la dificultad de que las promociones salgan adelante solo con limitación de rentas y sin apoyo público directo. Las primeras licitaciones de suelo, anunciadas para antes del 29 de noviembre, sitúan el despliegue del plan en vísperas de la convocatoria electoral.