La familia de Lázaro decidió en 2007 mantener la renta antigua de Abascal pese a que, según su relato, la situación jurídica del contrato podría haber permitido darlo por finalizado. «Se habla mucho de propietarios que quieren echar a la gente de sus casas, pero en nuestro caso se hizo lo contrario. Se mantuvo una situación por empatía», sostiene. La Policía desalojó a la inquilina esta semana tras décadas en la vivienda.
El abuelo de Ignacio, Ángel Lázaro, emigró desde Brea de Aragón a Madrid «con una maleta» y levantó primero un negocio de zapatería y después uno de confección, en el que trabajaron toda su vida cuatro de sus hijas. Con ese capital la familia compró el edificio completo de Sainz de Baranda en los años cincuenta, cuando, según recuerda, aquel entorno del Retiro era «un barrio de trabajadores, con muchas casas de renta antigua».
Lázaro vivió de niño en el inmueble y, tras casarse en 1999, regresó en 2003 al piso situado frente al de Abascal. Describe un trato continuamente conflictivo: quejas por la calefacción, por el ascensor y por el ruido de sus tres hijos pequeños. «Era una persona extremadamente molesta [.] insoportable, retorcida. Siempre tenía algún problema», afirma.
«La imagen es la de una pobre ancianita desahuciada. Desde mi experiencia, no encaja con la persona que yo conocí», afirma Ignacio Lázaro, antiguo casero de Maricarmen Abascal.
El antiguo propietario aporta cifras sobre la diferencia de trato dentro del mismo edificio: en febrero de 2010, el recibo total de Abascal ascendía a 436,06 euros, y en la documentación de la finca de 2016 la renta figuraba en 154,38 euros, un importe que incluía conceptos como portería, agua y calefacción. Por el piso contiguo, de similares características, Lázaro pagaba a su propia familia una renta de 700,58 euros y un recibo total de 758 euros.
La familia asumía además en solitario los gastos de reparaciones del inmueble —pocería, patios, maquinaria del ascensor— hasta que en mayo de 2018 vendió el edificio a la empresa Renta Corporación. Tras la operación, los tres hermanos se dispersaron hacia distintos alquileres: uno a Torrelodones, otra a Asturias y el propio Ignacio a Rivas-Vaciamadrid, donde pasó a pagar 1.200 euros mensuales por un chalé.
La renta antigua procede de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que congeló durante décadas los alquileres firmados antes de 1985 y permitió su subrogación a familiares; la reforma de 1994 fijó su extinción progresiva, pero muchos contratos siguen vigentes. El caso de Abascal ganó dimensión política tras alcanzarse un acuerdo con el Ayuntamiento de Madrid: José Luis Martínez-Almeida reivindicó su modelo de vivienda tras el regreso de Maricarmen a su casa.
El episodio se inscribe en un contexto de fuerte tensión sobre el acceso a la vivienda en España, país que, según el Banco de España, acumula un déficit cercano al millón de viviendas. En el barrio, entre Fernán González y Narváez, a Abascal se la conocía como 'la Lechera' por el negocio de lechería que había regentado su madre en la zona.
Lázaro cierra reivindicando la trayectoria de su familia frente a la imagen pública construida alrededor del caso: «Nosotros no somos hijos de marqueses. Mi abuelo llegó de un pueblo con una maleta, trabajó, creó un negocio y sus hijas trabajaron toda la vida», sostiene, antes de advertir de lo que considera el riesgo de fondo del debate: «Lo que me preocupa es que se persiga a la gente que intenta construir un ahorro para su jubilación o para sus hijos».
