El texto acumuló, según los representantes del sector, hasta 18 informes contrarios durante su tramitación, incluidos los de varios ministerios. Entre las disposiciones más cuestionadas figuraba la exigencia de un mínimo de 4.500 alumnos para que una universidad privada pudiera operar, una cifra que, según denuncia la patronal, se calculó a partir de la matrícula de la Universidad de La Rioja y la Politécnica de Cartagena, los dos campus públicos más pequeños del país.
«El decreto de universidades tenía unos 18 informes en contra. Toda institución a la que se le preguntó, incluidos los ministerios, fue contraria al texto por la cantidad de barbaridades que incluía. Llegaron a plantear limitar la contratación de personal docente de la UE, algo descabellado», afirma Luis Torres, secretario general de la Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE). Sobre el umbral de alumnado, añade que la administración justificó la cifra como una media de los dos campus públicos más pequeños.
El umbral de los 4.500 alumnos
Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE), incide en el mismo punto: «Ha sido muy curioso porque se basaron en la universidad pública más pequeña para fijar el suelo de la privada. Es una gran trampa». García cuestiona también el anuncio posterior de Pedro Sánchez de exigir que el 50% del profesorado sea doctor en cada titulación concreta, y no de forma agregada por centro.
«El Gobierno vio que la privada cubría el 50% global agrupando doctores en humanidades o educación y saltó a decir que era un 'fraude'. Exigir ese 50% área por área o titulación por titulación paralizará ingenierías y ramas técnicas donde el profesional en activo no es doctor. La enseñanza pública no mejora a base de sacudirle a la privada. Han tratado de dinamitar la sana competencia», afirma Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza.
La controversia universitaria no ha sido el único frente abierto con la enseñanza privada durante la legislatura. El Ejecutivo ha impulsado además un proyecto de ley de reducción de ratios y horas lectivas, con especial impacto en Educación Infantil, y un borrador de real decreto de Formación Profesional que, según el sector, pretendía aprobarse de forma definitiva antes de que acabara el año.
El impacto en el ciclo de 0 a 3 años
Según las estimaciones de ACADE, la aplicación de la norma de ratios en el primer ciclo de Infantil —que fijaba topes de cuatro bebés por educadora de 0 a 1 año, seis de 1 a 2 y ocho de 2 a 3— habría obligado a cerrar más de 5.300 centros privados, al duplicar los costes de personal mediante la exigencia de la llamada «pareja educativa» mientras se mantenían estancados los ingresos por cuotas. «La aplicación de la ley de ratios habría sido devastadora. 5.300 centros habrían tenido que cerrar», advierte Torres.
Luis Centeno, secretario general adjunto de Escuelas Católicas, apunta al desgaste reputacional derivado de la insistencia gubernamental en el término «chiringuitos» para referirse a ciertos centros privados: «Desde la Presidencia del Gobierno se ha tratado de demonizar todo un sistema de educación privada hablando reiteradamente de los famosos 'chiringuitos', cuando eso es algo totalmente excepcional. Si existe alguno irregular, que la Inspección actúe y lo cierre, pero no se puede restringir el uso del coche a todos los conductores porque uno supere el límite de velocidad».
El choque se produce en plena campaña de las elecciones del 29 de noviembre, con otros frentes abiertos como el reflejado en la polémica por el vídeo del 12-O difundido por Sánchez. La sentencia del Supremo conocida la semana pasada deja sin cobertura legal inmediata los requisitos impugnados por el sector.
