El malestar se ha extendido en las últimas semanas entre los profesionales que cubren las guardias en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros, donde cada jornada intervienen un agente de policía, un traductor y el letrado de oficio. Es el policía quien formula las preguntas y rellena el impreso. El volumen de asistencias acumulado había impedido hasta ahora que muchos repararan en lo que firmaban.
«Tú siempre piensas que todo es correcto», ha explicado el letrado, que ha situado el origen del conflicto en la lectura detenida del papel: «Ya desde la semana pasada hay bastante malestar entre los abogados porque cuando han empezado a leer lo que estaban firmando han dicho: es que yo no soy el tutor legal».
El abogado ha insistido en que la tutela legal no se adquiere con una rúbrica en un formulario administrativo. «Para ser tutor legal tiene que haber una resolución judicial», ha subrayado, y ha recordado cuál es la autoridad competente en la ciudad: «El que es tutor legal es la ciudad». Según el Código Civil, la tutela de un menor desamparado corresponde a la entidad pública, no a quien lo asiste jurídicamente.
«Como no han visto a nadie a quien le puedan echar la culpa, pues venga, los abogados. Para evitar responsabilidades», ha denunciado el letrado del turno de oficio de Ceuta.
El documento incurre, según su relato, en una contradicción adicional al definir al abogado como representante profesional, una categoría distinta de la de asesor jurídico. «Tú como abogado, eres asesor jurídico», ha replicado el letrado, que ha calificado el formulario de mal redactado. El triaje lo lleva a cabo la Ciudad Autónoma, pero el impreso lo cumplimentan agentes del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande-Marlaska.
Un formulario nacido del Pacto Europeo de Migración
El impreso tiene su origen en el Pacto Europeo de Migración y Asilo, en vigor en España desde el 12 de junio de 2026, que introdujo un triaje común en la Unión Europea para quienes cruzan la frontera sin autorización de entrada, con reconocimiento médico, examen de vulnerabilidad, identificación y toma de datos biométricos en un plazo de 72 horas que España ha mantenido. El reglamento europeo enumera los datos que deben recogerse —nombre, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, países de residencia previos, idiomas o motivo del triaje— sin que en ningún punto figure la casilla de tutor legal.
El formulario cumplimentado en Ceuta, en cambio, omite varios de esos campos exigidos por la norma europea, como el motivo del triaje, los idiomas o los países de residencia anteriores, y solo consigna el lugar de nacimiento, Marruecos en el caso consultado. La preocupación tiene, además, una traducción económica directa: cuando un menor tutelado causa daños —en una pelea con trabajadores de las ONG que gestionan los centros, por ejemplo—, el fiscal de menores pregunta al perjudicado si quiere reclamar y un forense valora las lesiones para fijar una indemnización que hasta ahora ha abonado la Ciudad Autónoma como tutora. «No sé por qué quieren hacerlo», ha lamentado el letrado ante el riesgo de que esa carga recaiga sobre los propios abogados.
La polémica se produce en plena crisis de acogida tras la entrada masiva de migrantes del 30 de julio. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, cifró el 15 de septiembre en 2.048 los menores filiados en Ceuta, con solo diez expedientes iniciados, y admitió que entre 700 y 1.000 continuaban deambulando por la ciudad. La presión sobre la frontera no es nueva: en mayo de 2021 unas 10.000 personas accedieron a nado y por el espigón en apenas dos días, en el mayor episodio migratorio registrado en Ceuta, según el balance oficial de aquella entrada.
Los abogados de oficio han convocado una reunión en el Colegio de Abogados de Ceuta para aclarar el procedimiento del triaje, y algunos ya han decidido presentar allí el formulario que consideran irregular. El episodio se suma a la tensión que vive la judicatura en Extremadura y Ceuta, donde la UCO detalló las amenazas de tres hombres a la jueza Biedma en Badajoz.
