El auto, con Manuel Marchena como ponente, no responde a un cambio de criterio voluntario del tribunal, sino a la obligación de aplicar lo que ordenó el Tribunal Constitucional el 6 de octubre, cuando amparó a Dolors Bassa y anuló los autos que le habían impedido beneficiarse de la amnistía por malversación. Ese amparo se extiende ahora, por los mismos argumentos, a Junqueras, Romeva y Turull, cuyas inhabilitaciones alcanzaban hasta 2030 en los casos de Turull y Romeva y hasta 2031 en los de Junqueras y Bassa.
El litigio de fondo se centra en una excepción de la ley de amnistía que deja fuera del perdón los casos de enriquecimiento personal de carácter patrimonial. El Supremo había entendido que la malversación del procés quedaba excluida del perdón por esa vía. El Constitucional, en una sentencia aprobada por mayoría y acompañada de cinco votos particulares, sostuvo que la exclusión solo alcanza a actos de corrupción privada ajenos a la financiación del proceso independentista, y consideró que la lectura del Supremo fue demasiado extensiva y lesionó los derechos de Bassa.
La Sala de lo Penal ha acatado el fallo, aunque el auto reprocha al tribunal de garantías su «expansionismo» y habla de una «mutación» del diseño constitucional. El periodista Vicente Vallés se pronunció sobre el asunto en Antena 3 Noticias con una tesis que vincula la ley al origen mismo de la legislatura: sostuvo que la norma se aprobó «como pago por la investidura» de Pedro Sánchez, una lectura que comparten sus críticos y que el Gobierno rechaza de manera frontal.
Vallés situó el episodio como síntoma de algo mayor y conectó el choque entre tribunales con el equilibrio institucional heredado de 1978.
«Está en juego una parte del diseño del Estado que se creó en la Transición», afirmó Vicente Vallés, presentador de Antena 3 Noticias.
Una precampaña marcada por los tribunales
Sánchez anunció el 5 de octubre la disolución de las Cortes y fijó los comicios para el 29 de noviembre, unos nueve meses antes de que expirara la legislatura. La campaña arranca el 13 de noviembre, y que cuatro de los condenados recuperen su derecho a presentarse introduce un ingrediente adicional en un debate que ya giraba en torno al modelo territorial y al papel de los tribunales. La ley de amnistía, aprobada en 2024, no ha dejado de generar titulares desde su tramitación.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, celebró que el Supremo aplique la ley «en su totalidad» y defendió que la amnistía supone más convivencia y una mejor aplicación de las políticas públicas en Cataluña. Para el Ejecutivo y sus socios, la decisión cierra un conflicto que durante años ocupó los tribunales y devuelve la normalidad institucional, con el respaldo expreso del propio Constitucional.
El PP, que ha recurrido la ley ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, mantiene la lectura contraria: considera que la amnistía equipara delitos de distinta gravedad y debilita la separación de poderes. El pulso abierto entre las dos máximas instancias judiciales se suma a una precampaña en la que, como refleja el resto de la agenda del fin de semana, el calendario se acelera hacia el 13 de noviembre.
