Ni Sendín ni el juzgado que instruye el caso han logrado que el Govern balear entregue los documentos originales del expediente disciplinario, pese a haberlos reclamado en distintas ocasiones. La denunciante acudió además a la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social en abril de 2023 para exponer las trabas que, según su relato, se habrían interpuesto en el procedimiento.
«La CAIB propició omisiones de información y documental sesgada», denunció Sendín ante la Inspección de Trabajo en 2023.
En el mismo escrito, la funcionaria atribuye a los denunciados una «mala fe procesal que no había visto nunca» y maniobras destinadas a dilatar el procedimiento. Entre las irregularidades que asegura poder acreditar figuran presuntas «falsedades, presunta manipulación documental, presunta falsedad documental y presunta ocultación de documento público». Como prueba señala dos documentos firmados por María Jesús Romero, funcionaria de carrera adscrita a la conselleria de Yllanes e instructora de la denuncia interna, que presentan dos firmas sin parecido entre sí.
El origen: tres años señalando a Isabel Morey
El origen de la denuncia se remonta al periodo 2015-2018, cuando Sendín acusa a su entonces jefa de departamento, Isabel Morey, de «hacerme la vida imposible durante tres años». Según el relato que ratificó ante la jueza, Morey y el alto cargo Jaume Colom —ambos imputados— llegaron a obligarla a remitir un expediente al Ministerio de Administraciones Públicas redactado en catalán, algo que entonces quedaba fuera de la normativa. Aquellos años de arrinconamiento culminaron, según su versión, en una baja médica por prescripción que se prolongó durante un año.
Sendín se reincorporó en 2019, coincidiendo con la nueva mayoría del Pacto de izquierdas en Baleares, que llevó a Yllanes a la vicepresidencia y, en 2021, a Garrido a la Conselleria de Presidencia. Fue entonces cuando reactivó su denuncia y remitió su situación a ambos exconsellers de Francina Armengol, de quienes afirma en su escrito que actuaron para bloquear cualquier expediente.
«Hicieron todo lo posible a través de sus afines en el Govern para paralizar cualquier expediente disciplinario que afectase a su personal de confianza. Retuvieron información y jamás activaron el protocolo por acoso», sostiene Sendín sobre Yllanes y Garrido.
El caso se sustancia por la vía penal tras la denuncia laboral inicial, un recorrido habitual cuando un presunto acoso en la función pública deriva en indicios de falsedad documental, delito perseguible que activa la instrucción de un juzgado. La jueza mantiene imputados, además de a Yllanes y Garrido, a la exdirectora general de Función Pública Carmen Palomino, a Juan Matas, a Margarita Roca Bibiloni y a la propia Romero Amengual, que pasó de ser funcionaria de confianza de Armengol en la extinta Oficina Anticorrupción a integrarse en el equipo de Yllanes.
Paula Cristina de Juan, que fue número dos en la Conselleria de Yllanes, continúa en activo como funcionaria en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo pese a figurar entre los imputados. El caso se suma a otros episodios de gestión bajo escrutinio en las comunidades, como el de la manipulación de las listas de espera del Ramón y Cajal en Madrid. El expediente interno que originó la denuncia, seis años después de su registro, sigue sin ser entregado ni a Sendín ni al juzgado de Palma.
