El presunto autor intelectual del ataque, conocido como 'Pacho', continúa en paradero desconocido, fugado de la Justicia. La Policía neerlandesa ofrece una recompensa de 50.000 euros por su localización, una cuantía que refleja el alcance transfronterizo que las pesquisas atribuyen al caso.
Vidal-Quadras, expresidente del Parlamento Europeo y figura destacada de la oposición exterior al régimen iraní, fue tiroteado cuando caminaba por una calle del centro de Madrid. La bala le atravesó la mandíbula sin comprometer su vida, en un ataque que desde el primer momento generó sospechas sobre una posible represalia por su activismo contra Teherán.
La hipótesis que maneja la Fiscalía sitúa el origen de la operación en estructuras vinculadas al Estado iraní. La Unión Europea ha sancionado en varias ocasiones a responsables de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica por actividades fuera de las fronteras iraníes, entre ellas planes contra opositores y disidentes en suelo europeo.
El marco procesal español permite perseguir el intento de homicidio con agravantes cuando media una organización criminal o un móvil terrorista, circunstancia que eleva de forma sustancial la pena solicitada por el Ministerio Público. La instrucción ha tratado de reconstruir la cadena de mando que, según esta hipótesis, uniría al tirador con instancias superiores fuera de España.
La fuga de 'Pacho' mantiene abierto un flanco central de la causa: sin su detención, la atribución de la responsabilidad intelectual queda sin un testimonio directo que corrobore judicialmente el vínculo con Irán. La cooperación policial internacional, incluida la recompensa ofrecida por Holanda, apunta a que la búsqueda sigue activa casi tres años después de los hechos.
El episodio no es el único en el que Europa señala la mano de Teherán fuera de sus fronteras. En 2018, un diplomático iraní acreditado en Viena, Asadollah Asadi, fue detenido por planear un atentado con explosivos contra un acto de la oposición iraní en las afueras de París; un tribunal belga lo condenó en 2021 a 20 años de prisión, el primer juicio por terrorismo a un funcionario de la República Islámica en la UE.
El caso se inscribe en un periodo de tensión entre Teherán y varios países europeos, que en los últimos años han denunciado intentos de intimidación o eliminación de disidentes en su territorio. La investigación española, que arrancó con el tiroteo de noviembre de 2023, continúa pendiente de dar con el presunto cerebro antes de la vista oral contra el acusado del disparo.
