El vídeo, difundido este miércoles por el PP, combina imágenes manipuladas de Díez con las de otras personas imputadas en distintas causas judiciales, entre ellas Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez; el exministro José Luis Ábalos; el exdirigente socialista Santos Cerdán, y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La pieza parodiaba, a su vez, un vídeo que el PSOE había publicado esa misma mañana en redes, en el que Sánchez ironizaba con el término «zurdo» utilizado por el presidente argentino Javier Milei durante su visita a España: «Si subir las pensiones es ser zurdo, yo soy zurdo».
«Si contratar a unos matones para quitar de en medio a una jueza es de zurdos, pues sí, soy zurda», decía el avatar falso de Leire Díez en el vídeo difundido por el PP.
La querella se dirige al juez Santiago Pedraz, que instruye en la Audiencia Nacional la causa sobre una presunta trama para desestabilizar procedimientos judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno y a familiares de Pedro Sánchez, supuestamente dirigida por Santos Cerdán y coordinada por la propia Díez. En esa misma instrucción figura como perjudicada la magistrada Biedma, cuya personación Díez ha recurrido al no considerarla afectada por la causa.
Más de 21 millones de visitas
La defensa de Díez sostiene que el vídeo se elaboró «expresa e intencionadamente para humillar, vejar y provocar un menoscabo grave de la dignidad» de la exmilitante, y que ha alcanzado «más de 21 millones» de visualizaciones. El escrito añade que «los hechos y afirmaciones contenidos en dicha publicación son absoluta rotundamente falsos».
«El PP actuó con pleno conocimiento de la falsedad de los datos difundidos y con un temerario desprecio hacia la verdad, con el único e inequívoco propósito de menoscabar el honor y la dignidad» de Díez, sostiene el escrito de su defensa.
Como medida cautelar, la querella solicita la retirada provisional del vídeo «de todas las cuentas y espacios digitales bajo titularidad o control» del PP, así como de cualquier otra persona física o jurídica que lo haya replicado. Díez afirma que, a raíz de la difusión, ella y sus hijas «han tenido que aislarse en su domicilio», han sufrido «un ataque de ansiedad» y están siendo objeto de «todo tipo de insultos, descalificaciones y vejaciones».
El escrito describe el impacto del vídeo como «un perjuicio irreparable, devastador e inmediato» en el honor, la reputación social, el entorno familiar y el ámbito laboral de Díez, al ser percibida de forma masiva como una confesión real de un acto criminal. La calumnia con publicidad está tipificada en el Código Penal como la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, agravada cuando se propaga por un medio de difusión. La querella se suma a otros frentes judiciales abiertos por la propia Díez, entre ellos su rechazo a que la Audiencia Nacional asuma toda la investigación en su contra.
