El juez Floriano de Azevedo Marques, del TSE, zanjó así la disputa surgida un día antes, cuando el presidente del tribunal, Kassio Nunes, había aceptado una petición de la campaña de Flávio Bolsonaro y ordenado una "revisión exhaustiva" de los mensajes difundidos en ese canal, impulsado por el diputado André Janones. El equipo de Lula da Silva reaccionó presentando una medida cautelar ante el TSE para frenar lo que interpretó como un intento de bloqueo del espacio digital más influyente de su campaña.
El magistrado subrayó que la pretensión de suspensión no figuraba de manera explícita en el escrito presentado por la candidatura de Bolsonaro, que formalmente solo pedía esa revisión de los contenidos.
"El objetivo de Flávio era suspender las actividades del canal", precisó el magistrado Floriano de Azevedo Marques, del Tribunal Superior Electoral.
Al resolver la cautelar, Azevedo Marques estableció que cualquier decisión sobre el cierre o la limitación del canal deberá pasar en adelante por el pleno del tribunal, al afirmar que únicamente este "puede decidir sobre cualquier suspensión del canal", y no podrá adoptarse de forma unilateral por su presidente ni por ningún otro magistrado.
En paralelo, medio centenar de organizaciones sociales, movimientos populares y sindicatos integrados en la red DiraCom, que defiende el derecho a la comunicación, remitieron este viernes una declaración al TSE en la que denuncian riesgos de "censura" ejercida por las grandes plataformas digitales en esta fase decisiva de la campaña. El escrito, dirigido al inspector general del tribunal electoral, responsabiliza a compañías como Meta o X de "falta de transparencia" en sus criterios de moderación y distribución de contenidos.
Cincuenta entidades alertan de "blanqueos de cuentas"
Las entidades firmantes sostienen que estas "poderosas fuerzas están trabajando en contra de las elecciones en Brasil" y que pretenden "desestabilizar la integridad del proceso electoral e impedir el ejercicio libre y soberano del voto", según un comunicado difundido por la agencia estatal brasileña. La denuncia apunta a casos concretos: usuarios, comunicadores y perfiles políticos habrían sufrido "blanqueos de cuentas" y una "reducción del alcance" de sus publicaciones, mientras que la cuenta oficial de Lula da Silva, candidato a la reelección, habría visto desactivada su herramienta de anuncios.
Las organizaciones muestran además su malestar por decisiones atribuidas al propio Kassio Nunes, presidente del TSE, y citan expresamente como ejemplo su intento de suspender el canal 'Ejército de Lula', el mismo asunto resuelto horas después por el voto de Azevedo Marques. En su escrito, las entidades reclaman que cualquier actuación del Tribunal Electoral frente a la desinformación se "base en pruebas, el respeto al debido proceso y la libertad de expresión".
El escrutinio sobre la moderación de contenidos de las grandes tecnológicas ha generado litigios similares en comicios recientes de distintas democracias, donde organismos electorales y empresas han chocado por los límites entre la lucha contra la desinformación y la libertad de expresión. En España, la actualidad judicial de esta semana ha dejado otros frentes abiertos, como el del juez que da 15 días al PSOE para entregar los contratos de sus abogados en una causa distinta.
La resolución del TSE sobre el canal de Janones fija el margen de maniobra del tribunal electoral brasileño en las horas previas a la votación de este domingo, en la que Lula da Silva busca la reelección frente a Flávio Bolsonaro.