La operación que llevó a su detención, desplegada en agosto de 2025 contra una presunta trama asentada en la isla, se saldó con la incautación de 687 kilos de cocaína, 2.500 kilos de hachís y 1,5 millones de euros en efectivo, según los datos del operativo policial. Desde entonces, Milojevic permanece en prisión provisional mientras continúa la investigación ante el Tribunal Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Su defensa ha reclamado de nuevo la puesta en libertad y plantea que la prisión provisional sea sustituida por una fianza, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias periódicas ante el juzgado. El escrito presentado ante el tribunal pide una revisión individualizada de los motivos que, más de catorce meses después de su ingreso en prisión, siguen justificando la medida cautelar.
El argumento central de la representación legal gira en torno a la falta de acceso a las grabaciones íntegras de las escuchas instaladas en el domicilio de Milojevic. Según el escrito de la defensa, el juzgado ordenó el 4 de junio de 2026 la entrega de todos los soportes y el cotejo de las transcripciones con los audios originales, una diligencia que, de acuerdo con el mismo documento, continuaba pendiente a fecha de 16 de octubre.
La defensa argumenta que, sin el material original, no puede comprobarse plenamente la autenticidad, integridad y contexto de las conversaciones que sustentan parte de la investigación. Por ello solicita que esas transcripciones no tengan un valor cautelar exclusivo o decisivo a la hora de justificar la continuidad de la prisión provisional, y pide que se requiera a la unidad policial responsable la entrega de las grabaciones en un plazo máximo de cuatro días hábiles.
El escrito invoca además la nacionalidad española de Milojevic y sus vínculos familiares, personales y laborales con Mallorca para cuestionar que el riesgo de fuga solo pueda neutralizarse mediante el ingreso en prisión. La petición de libertad, no obstante, no implica que las pruebas recabadas hayan sido invalidadas ni que la investigación haya concluido.
La resolución se limita a valorar el riesgo de fuga y la proporcionalidad de la medida cautelar, no la responsabilidad penal de Milojevic, que deberá determinarse en el procedimiento con respeto a la presunción de inocencia. La prisión provisional, regulada en los artículos 502 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, exige una revisión periódica de sus presupuestos y puede prolongarse hasta dos años en los delitos más graves, prorrogables otros dos. En causas de narcotráfico con tramas transnacionales, la disponibilidad de recursos económicos de la organización investigada suele pesar como factor de riesgo de fuga, al margen de la nacionalidad o el arraigo del investigado.
Milojevic sigue investigado por su presunta relación con la trama de narcotráfico desarticulada en Mallorca, mientras su defensa insiste en que se resuelvan las cuestiones pendientes sobre las grabaciones y se valore la aplicación de medidas cautelares menos restrictivas que la prisión. La Audiencia Nacional, que en paralelo investiga la crisis migratoria de Ceuta de julio de 2026, tramita la diligencia sobre las escuchas que la defensa reclama resolver desde junio.
