El mensaje enviado a las familias no dejaba margen de interpretación. La residencia justificaba la medida en el acuerdo marco que la Comunidad de Madrid mantiene para la atención a personas adultas con discapacidad física en centros residenciales, y trasladaba a la Administración regional el requerimiento de disponer de esas plazas a partir del 1 de noviembre.
«Dispone de un mes para gestionar y coordinar el traslado a otro recurso residencial», porque el centro fue «seleccionado dentro del acuerdo marco de la Comunidad de Madrid para la atención a personas adultas con discapacidad física en centro residencial, y la Administración nos requiere disponer de las plazas a partir del 1 de noviembre», trasladó la dirección de Casaverde a los familiares.
La decisión ya estaba tomada a mediados de octubre, según el relato de los afectados. El giro llegó cuando el caso trascendió y los familiares calificaron la medida de expulsión, un término que la residencia no empleó en su comunicación pero que resumía la situación de quienes se vieron obligados a buscar en pocas semanas una alternativa para personas con necesidades de atención continuada.
Los acuerdos marco de la Comunidad de Madrid para plazas residenciales de personas con discapacidad llevan tiempo bajo escrutinio. En mayo de 2025, según publicó El País, varias residencias para personas con discapacidad física reclamaron más financiación al Gobierno regional al considerar insuficiente la dotación económica por plaza concertada, un conflicto que enfrenta a la Administración con los operadores privados que gestionan estos recursos.
El sector de residencias para personas con discapacidad física en la región opera mayoritariamente bajo fórmulas de gestión concertada, en las que la Administración autonómica fija el número de plazas, los precios y los requisitos técnicos que deben cumplir los centros privados o del tercer sector. Cualquier modificación del acuerdo marco afecta directamente a la continuidad de los residentes, que en muchos casos dependen de ese recurso como domicilio permanente y no como una estancia temporal.
La reorganización de plazas dentro de estos acuerdos no es un fenómeno nuevo en la red pública madrileña, aunque los episodios de traslados forzosos en plazos tan ajustados han generado quejas reiteradas de asociaciones del sector, que reclaman protocolos de reubicación con mayor antelación y acompañamiento a las familias.
El episodio se enmarca en la tensión presupuestaria autonómica en materia de dependencia, mientras otras comunidades afrontan la planificación de sus cuentas para el próximo ejercicio, como el presupuesto que Castilla y León proyecta para 2027, con una subida del 13,11% hasta los 16.472 millones de euros.
La rectificación de Casaverde se produjo tras la difusión pública del caso. El acuerdo marco invocado por la residencia para fundamentar los traslados fija el 1 de noviembre como fecha de disponibilidad de las plazas, el mismo plazo que el centro había dado a las familias antes de dar marcha atrás.
