El dueño de Urbagestión defendió que su compañía buscó una salida negociada antes del desahucio y que fue el Sindicato de Inquilinas quien bloqueó cualquier acercamiento. Según su versión, la vivienda se adquirió en 2018 mediante un proceso legal que la pensionista no impugnó por las vías ordinarias, lo que a su juicio desmontaría el relato de que Maricarmen mantenía un derecho de ocupación legítimo sobre el piso.
«Maricarmen no quiso negociar. Nos quieren hundir», declaró el responsable de Urbagestión.
La empresa afirma que continúa buscando una salida con el Ayuntamiento de Madrid, después de que el Consistorio rechazara la semana pasada incluir la vivienda en el programa Reviva, el mecanismo municipal que permite a la administración adquirir pisos con cargas para realojar a familias vulnerables. Fuentes municipales explicaron entonces que la operación no encajaba en los requisitos del programa por la situación hipotecaria del inmueble, tal y como se detalló al informar de que Madrid rechaza incluir la casa de Maricarmen en el programa Reviva por su hipoteca.
El desahucio de la pensionista se convirtió en el símbolo de la movilización que llevó a miles de personas a concentrarse en la Puerta del Sol para exigir al Gobierno la aprobación del llamado 'Decreto Maricarmen', un paquete de medidas de protección frente a desahucios de personas vulnerables. La protesta, que derivó en una acampada en el centro de Madrid, reclamaba también la paralización de lanzamientos como el que afectó a la vecina, según se recogió al repasar las medidas que el sindicato exige al Gobierno.
El Sindicato de Inquilinas ha sostenido en sus comunicados que Maricarmen sí disputó la propiedad del piso y que la empresa nunca mantuvo contacto directo con ella antes de ejecutar el desahucio, una versión que choca con la ofrecida por Urbagestión. La disputa sobre si hubo o no negociación previa se ha convertido en el punto central del enfrentamiento público entre la firma y la organización vecinal.
El procedimiento de desahucio por impago o por falta de título legal se rige en España por la Ley de Enjuiciamiento Civil, que permite a los propietarios solicitar el lanzamiento judicial cuando consideran que la ocupación carece de amparo contractual. Los colectivos de vivienda reclaman desde hace años una reforma que amplíe los plazos de suspensión para personas en situación de vulnerabilidad económica, demanda que cobró fuerza en Madrid tras la repercusión del caso.
El pulso entre grandes tenedores y colectivos de inquilinos no es nuevo: los desahucios de personas mayores han generado episodios de tensión recurrentes en la capital desde la crisis inmobiliaria de 2008, cuando las ejecuciones hipotecarias impulsaron la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y forzaron sucesivas reformas de la legislación sobre lanzamientos.
Urbagestión afirma que su intención es cerrar el conflicto por la vía administrativa con el Ayuntamiento, una vez descartada la del programa Reviva. La empresa no ha concretado qué alternativa plantea al Consistorio para resolver la situación de la pensionista.
