Los retornados fueron trasladados desde el campamento de Loma Margarita, donde la ONG Accem los acogía desde su llegada a finales de julio, hasta comisaría para un proceso de triaje. Según los testimonios recogidos por abogadas y organizaciones que les asisten, muchos pensaban que ese trámite se limitaba a una filiación policial rutinaria y no al preludio de su expulsión del país, casi dos meses después de haber pisado suelo español.
La entrega a las autoridades marroquíes no se produjo por el paso fronterizo habilitado, sino por la puerta de la valla ceutí, el mismo punto donde se ejecutan las devoluciones en caliente. Marruecos no reconoce la soberanía española sobre la aduana de las ciudades autónomas, por lo que rehúye los cauces oficiales incluso cuando acepta readmitir a personas que no son de su nacionalidad, algo que, según el material, no hacía hasta hace pocas semanas.
Ropa del Ceti como prueba del engaño
Varios de los sudaneses denunciaron su situación nada más llegar a Casablanca. Uno de ellos difundió un vídeo en TikTok señalando a sus compañeros ante la cámara. Tras él aparecían otros dos jóvenes con idénticos chándales azul marino, la prenda que Accem distribuye a los migrantes acogidos en las carpas gubernamentales de Loma Margarita.
"Mirad estos chicos. Han pasado más de un mes en Ceuta y ahora los han devuelto a Casablanca con las mismas ropas que lo llevan en el 'Ceti' en Ceuta", relata un joven sudanés retornado, en un vídeo difundido en su cuenta de TikTok.
El Ministerio del Interior sostiene una versión distinta: que los 23 sudaneses fueron devueltos después de "haber rechazado pedir protección internacional" y que el procedimiento se ejecutó con "todas las garantías", incluida asistencia jurídica e intérprete conforme exige la ley. Esa explicación choca con el relato que abogadas y ONG especializadas dicen haber recibido de los propios migrantes y de sus compañeros en Ceuta, que apuntan a deficiencias en la asistencia letrada y en el servicio de intérprete durante los triajes.
El acuerdo de 1992 y sus plazos
El marco legal que ampararía estas devoluciones es el acuerdo de readmisión que España y Marruecos firmaron en 1992. Ese tratado bilateral permite retornar a un tercer país a personas que no son nacionales suyas, pero fija un plazo máximo de diez días para que el país receptor solicite la devolución, un límite que, según fuentes jurídicas, ha sido superado en este caso al mediar casi dos meses desde la llegada de los sudaneses a Ceuta.
El acuerdo exige además que Marruecos retorne a los readmitidos a su país de origen. Sudán queda descartado como destino: deportar allí a estas personas vulneraría el principio de no devolución, recogido tanto en la legislación española como en los convenios internacionales de protección de refugiados. Ese es precisamente el motivo por el que España no retornaba antes a nacionales sudaneses por la frontera ceutí.
La abogada Patricia Vicens, especializada en derecho penal, infancia y migraciones, prepara un requerimiento contra estas devoluciones tras ser contactada por varios de los afectados. Vicens ha detectado lo que considera una anomalía en la propia redacción de los documentos de filiación.
"En el triaje la Policía les da dos opciones: Asilo o cruce. No se les dice que se les va a devolver a Marruecos, habla de 'cruce', por lo que ellos han podido interpretar que eligen cruzar a la península", explica Patricia Vicens, abogada especializada en migraciones.
La letrada subraya otra irregularidad: las órdenes de devolución no mencionan el "país de origen" de los sudaneses, como es habitual en este tipo de expedientes, sino un "punto de origen", una fórmula que, según Vicens, "no está contemplado en la normativa española".
Amnistía Internacional y Human Rights Watch han documentado en distintos informes que Marruecos no garantiza el acceso al asilo ni respeta los derechos humanos de los migrantes procedentes de África Occidental y Oriental. Muchos de los sudaneses devueltos habían pasado ya años malviviendo en territorio marroquí antes de intentar cruzar a Ceuta, por lo que su retorno los sitúa de nuevo en la precariedad de la que huían.
El episodio reabre el debate sobre la gestión migratoria en las fronteras del sur de Europa, que también atraviesa otros frentes de la agenda exterior española, como reflejó la reciente interpelación de estudiantes de Harvard a Sánchez por Venezuela y corrupción. Interior insiste en que los propios migrantes optaron por no solicitar protección con toda la información sobre las consecuencias de su elección.
Las organizaciones que los asisten sostienen lo contrario: que la información proporcionada durante el triaje policial resultó insuficiente o engañosa para personas que, en muchos casos, no dominan el español ni conocen en detalle el sistema de asilo. Sobre esa base, Vicens prepara el requerimiento que ya han solicitado varios de los sudaneses retornados a Casablanca.
