Henri Parot fue condenado en 1990 a 4.800 años de cárcel por los once asesinatos de Zaragoza y otros 28 más. Según ha trasladado la AVT, el Gobierno vasco le ha concedido recientemente el tercer grado, decisión que la Fiscalía ha recurrido a instancias de la propia asociación. Aun si el recurso prospera, al etarra le quedarían como máximo dos años de condena pendiente antes de pisar la calle, de acuerdo con el cálculo que maneja la organización.
El atentado que marcó la vida de Ruiz se produjo el 11 de diciembre de 1987, cuando ETA hizo estallar 250 kilos de amonal en el edificio de la Guardia Civil en la avenida Cataluña. La explosión causó once muertos —seis de ellos menores— y secuelas en otras 88 personas. La familia Ruiz García vivía dentro del cuartel; el padre, guardia civil, pasó aquel día desescombrando hasta que se recuperó el cuerpo de la última víctima. El ataque se atribuyó al comando Argala, integrado, entre otros, por los hermanos Henri y Jean Parot, Jacques Esnal y Frederic Haramboure.
Ruiz, que preside la AVT desde hace un trimestre, ha vinculado la concesión de terceros grados a la transferencia de las competencias penitenciarias al País Vasco. En su relato, la decisión se enmarca en una política que, a su juicio, arrancó con José Luis Rodríguez Zapatero y se ha mantenido con Pedro Sánchez y Grande-Marlaska.
«Nosotros siempre hemos dicho que ETA no quería a sus presos cerca, que los quería libres. Y desde que se transfirieron las competencias de Prisiones al País Vasco, así lo están haciendo, a las pruebas me remito», ha señalado Lucía Ruiz, presidenta de la AVT.
Ruiz ha calificado la situación de «amnistía encubierta», en referencia al artículo 100.2 del reglamento penitenciario, la vía que permite adelantar la progresión de grado por criterios de reinserción. El antecedente que la asociación combate desde los años noventa es la llamada «doctrina Parot», que el Tribunal Supremo aplicó en 2006 para alargar el cómputo de condena de los presos de ETA y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos anuló en 2013, lo que abrió la salida de decenas de reclusos.
Sobre el impacto de estas decisiones, Ruiz ha descrito la reiteración del dolor cuando varios miembros de un mismo comando acceden a permisos o terceros grados. «A mí personalmente me causa rabia que alguien que ha cometido 39 asesinatos vaya a cumplir 36 años en prisión, ¡ni un año por asesinato!», ha afirmado, antes de advertir de que «un asesino va a ser recibido como un héroe».
La presidenta ha relatado que del edificio derruido apenas pudo rescatar un diccionario de sinónimos y antónimos, hoy deteriorado, que ha conservado para que lo usen sus dos hijos. «No les compré otro. Quiero que conserven esa parte de mi historia, de la historia de España, y que no la olviden nunca», ha dicho, en contraste con los juguetes de infancia que su marido sí pudo recuperar de un viejo trastero.
Entre sus objetivos al frente de la AVT, Ruiz ha citado la voluntad de extender a otras comunidades el modelo de relación institucional desarrollado en Aragón, adaptándolo a las particularidades de cada territorio. La entrevista se desarrolló junto al conjunto escultórico que el Ayuntamiento de Zaragoza erigió en memoria de las víctimas infantiles, en el mismo lugar donde hace 39 años se derrumbó el edificio.
Preguntada por la memoria social del terrorismo de ETA, Ruiz ha evitado una valoración generalizada pero ha advertido de un retroceso institucional. «Son muy malos tiempos para las víctimas, que nos merecemos sobre todo dignidad, pero sin dejar de lado ni la verdad ni la memoria ni la justicia», ha concluido.
