El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) cifra en 266.421 las hectáreas de superficie forestal quemadas en España en lo que va de 2026, un 172,2% más que la media del periodo 2016-2025, situada en 97.879 hectáreas. El incendio de Burgohondo figura, según Greenpeace, como el segundo de mayor extensión desde que existen registros. El temporal que estos días azota el nordeste —y que llevó a Barcelona a suspender trenes, metro y vuelos— añade presión sobre unos suelos sin cobertura vegetal.
Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace, ha advertido de que, sin actuaciones posteriores para estabilizar el suelo y proteger los recursos hídricos, "estamos sembrando nuevas crisis ecológicas y sociales". La organización reclama medidas urgentes para minimizar la erosión, evitar la contaminación de los cauces y garantizar el abastecimiento de agua potable.
"Las medidas posincendio son una cuestión de agua, de protección civil y de salud ambiental", ha resumido Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace.
La organización ya había advertido el 25 de agosto de la necesidad de aplicar medidas de estabilización de emergencia para evitar lo que denomina "chapapote de monte": el lodo cargado de cenizas y sustancias tóxicas que las lluvias arrastran desde los terrenos quemados hacia cauces y captaciones. Entre las soluciones que reclama figuran diques de contención, acolchados de paja (mulch) y estructuras provisionales que frenen el arrastre antes de que las cenizas colmaten las potabilizadoras.
Dudas sobre retirar la madera quemada
La Junta de Castilla y León ha publicado una orden para retirar el arbolado quemado en la zona afectada por el incendio de Burgohondo, una práctica habitual tras los grandes fuegos que Greenpeace cuestiona. La organización sostiene que talar de forma generalizada deja el suelo más expuesto y acelera el arrastre de sedimentos con las lluvias, por lo que propone retrasar la tala unos meses, cuando las condiciones lo permitan, y aplicar después una retirada selectiva según las características de cada zona.
Los efectos de los grandes incendios se prolongan mucho más allá del verano. En Sanabria (Zamora), los incendios de 2025 derivaron en arrastres de ceniza hacia el río Bibey que dejaron sus aguas no aptas para el baño, y hace apenas unos días el mar apareció negro en la playa de San Antonio de Calonge (Gerona) por sedimentos procedentes del incendio de Las Gavarres del verano pasado. En agosto, dos mujeres murieron en una riada en Manzanedo de Valdueza (Ponferrada), en una zona arrasada por el fuego en 2025.
El informe de 2025 del Colegio de Ingenieros Civiles sobre las afecciones de los incendios forestales a las aguas superficiales y subterráneas sitúa entre tres y cinco años la persistencia de la contaminación en aguas superficiales, según la intensidad de la alteración del suelo. Los arrastres hacia ríos y arroyos pueden continuar al menos 18 meses, aunque con tendencia a disminuir en los periodos invernales.
El problema alcanza también a las aguas subterráneas. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) calcula que en los últimos 20 años más de 900.000 hectáreas de masas de agua subterránea han sufrido impactos relacionados con incendios, con un coste ambiental y económico superior a los 43 millones de euros. Las demarcaciones del Miño-Sil, el Duero y Galicia Costa figuran entre las más vulnerables, donde el seguimiento de la calidad del agua resulta especialmente necesario.
