Entre la documentación eliminada de la cuenta oficial figuraban los mensajes que la exedil intercambió con el Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en los que relataba el hostigamiento al que supuestamente la sometía el regidor por no acceder a sus requerimientos sexuales. La destrucción de ese material, que la propia afectada denunció en su día, es ahora objeto de la reapertura decretada por el tribunal madrileño.
El auto de la Audiencia revierte el archivo que había acordado el juzgado de instrucción de Móstoles, al apreciar indicios para seguir indagando en las circunstancias del borrado. La exconcejala atribuyó esa destrucción al entorno del Partido Popular de Madrid en la denuncia que presentó ante el propio juzgado.
"El entorno del Partido Popular de Madrid" habría estado detrás del borrado de la bandeja de correo de la exedil, según la denuncia presentada por la propia concejala ante el juzgado de Móstoles.
La secuencia temporal resulta central en la causa: la exconcejala mantuvo su última reunión con responsables del PP de Madrid y del Gobierno regional poco antes de que su bandeja de entrada fuera vaciada. En esa cita trasladó ante la dirección regional del partido los detalles de la conducta que atribuye al alcalde Manuel Bautista.
La denuncia por acoso sexual y laboral contra Bautista, que llegó a los tribunales, situó en el debate público la gestión que el PP madrileño hizo del caso una vez conocidos los hechos. El episodio del borrado del correo se sumó después como una pieza adicional de la instrucción, al entenderse que podía constituir un intento de ocultar pruebas relevantes para el procedimiento principal.
La reapertura obliga ahora al juzgado de instrucción a practicar nuevas diligencias para esclarecer la autoría del hackeo y su relación con el contenido de los correos eliminados, en los que se detallaban las comunicaciones de la edil con el Gabinete de Ayuso sobre el caso. La investigación deberá determinar quién tuvo acceso a la cuenta institucional y con qué fin se eliminó la correspondencia.
El procedimiento se enmarca en el régimen general de la instrucción penal española, que permite a una audiencia provincial revocar el sobreseimiento acordado por un juzgado de instrucción cuando aprecia que caben diligencias de investigación pendientes. El borrado de archivos de una cuenta institucional puede ser constitutivo de delitos de daños informáticos y de descubrimiento y revelación de secretos, tipificados en el Código Penal.
