El origen del pleno está en una contradicción de fechas. Pérez-Hickman declaró el pasado 20 de mayo ante la titular de la Plaza Número 5 del Tribunal de Instancia de Alicante, María Amparo Rubio, que ella misma había avisado a Villar en febrero de 2022 de que sus hijos y un sobrino formaban parte de la cooperativa que daba acceso a las viviendas de protección pública (VPP) de Les Naus. El Gobierno municipal, sin embargo, venía sosteniendo ante los grupos políticos que no tuvo conocimiento de las posibles irregularidades hasta enero de este 2026, cuatro años después de la fecha que menciona la exdirectora general.
Esa discrepancia solo admite dos lecturas: o Pérez-Hickman faltó a la verdad en sede judicial pese a declarar en condición de investigada, o el equipo de gobierno de Luis Barcala ocultó durante años una información que ya conocía. El pleno extraordinario de este jueves tuvo como único punto del orden del día despejar esa duda mediante la comparecencia de Villar, que respondió a una docena de preguntas remitidas por los concejales con carácter previo y por escrito.
Preguntado directamente si Pérez-Hickman le trasladó en 2022 que miembros de su familia habían ingresado en la cooperativa, Villar fue tajante.
"No, ni tengo constancia ni he tenido conocimiento alguno de que se me facilitase esa información. Pero, ni yo, ni el entonces jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante, con el que he hablado estos días y me ha confirmado que, para él, tampoco ha existido esa conversación", declaró Manuel Villar, vicealcalde de Alicante.
La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Carmen Robledillo —formación socia de gobierno del PP en el consistorio—, había pedido antes de la intervención del vicealcalde la apertura de un expediente informativo contra Pérez-Hickman, petición a la que el Grupo Popular accedió. La negativa de Villar refuerza esa vía: si se da por buena su versión, la exdirectora general habría faltado a la verdad ante la jueza, lo que compromete tanto su situación procesal como su carrera dentro de la administración municipal, donde conserva su plaza funcionarial como jefa de Contratación.
La dimisión del 30 de enero
Pérez-Hickman dimitió el 30 de enero de este año, horas después de que Barcala anunciara que trasladaría a la Fiscalía cualquier indicio de irregularidad en las adjudicaciones de Les Naus y un día después de que el alcalde ordenase la apertura de un expediente de aclaración de hechos. Antes de esa dimisión, Vox ya había reclamado al alcalde su destitución. La instrucción judicial, a cargo de la jueza Rubio, citó el pasado 22 de abril a 15 personas en condición de investigadas: la propia Pérez-Hickman, la exconcejala de Urbanismo Rocío Gómez, un arquitecto municipal, el administrador de la cooperativa, el jefe de sección de Vivienda Protegida de la Consellería de Vivienda y diez propietarios de las viviendas adjudicadas.
El procedimiento se enmarca en el régimen disciplinario de la función pública: un expediente informativo es la fase previa de averiguación que determina si procede incoar un expediente sancionador, que en casos graves puede acarrear la separación del servicio. La figura judicial de persona investigada, en vigor desde la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, no implica acusación formal. La tensión entre coaliciones de PP y Vox en ayuntamientos valencianos no es nueva: el pacto que gobierna Alicante desde 2023 se suma a episodios de fricción interna como los registrados en consistorios de la Comunidad Valenciana tras las municipales de mayo de ese año.
El caso de Les Naus se suma a la presión sobre la gestión de vivienda en la Comunidad Valenciana, donde las protestas por el acceso a la vivienda se saldaron recientemente con agentes heridos en Valencia. El expediente informativo contra Pérez-Hickman, pedido por Vox y aceptado por el PP, avanza ahora en paralelo a la causa que instruye el Tribunal de Instancia de Alicante sobre las adjudicaciones.
