La empresa había presentado este viernes una propuesta de urgencia para incorporar la vivienda al programa, con el objetivo de «coordinar con el Ayuntamiento, y en su caso, con otras administraciones, una solución» que permitiera a la anciana «volver a la vivienda con una alternativa habitacional estable y asequible». Urbagestión se ponía «a disposición de la EMVS y de los Servicios Sociales municipales» para resolver el caso en el menor plazo posible.
Fuentes conocedoras del expediente sitúan el motivo del rechazo en un problema legal: «Tras analizar la propuesta se ha determinado la inviabilidad de la misma en los términos planteados, ya que la inclusión de la vivienda en el Programa ReViVa, no cumple los requisitos legales recogidos en las bases de dicho programa, ni en los otros programas de compra de vivienda». El consistorio tampoco podría garantizar, sin vulnerar la normativa, el desenlace que se persigue: que la vivienda regrese a manos de la propietaria original.
A ello se suma que existe una lista de espera de ciudadanos adheridos al programa que, por orden de turno, tendrían prioridad frente a Maricarmen para recibir una vivienda municipal. El Reviva es un mecanismo por el que el Ayuntamiento adquiere inmuebles para ampliar su parque público de alquiler asequible, sujeto a bases que fijan requisitos técnicos y jurídicos que la vivienda hipotecada no reúne.
Desde el consistorio han insistido en que el rechazo de la oferta empresarial no supone un abandono del caso. «Esta propuesta de mediación mantiene la línea de apoyo que se está dando desde el Ayuntamiento de Madrid a Maricarmen desde que se conoció su situación», han explicado fuentes municipales, que detallan que los Servicios Sociales han prestado «teleasistencia, ayuda a domicilio, terapia ocupacional, además de ofrecer un alojamiento alternativo en una residencia municipal sin coste alguno».
La empresa propietaria del inmueble ha trasladado su malestar por cómo ha derivado el caso, que enmarca en un procedimiento de ejecución prolongado durante tres años sin acuerdo. «Son para nosotros días complicados derivados una situación que ha convertido en un interesado debate político», han asegurado sus responsables, que se definen como «una pyme frente a Goliat y sus medios» y niegan buscar protagonismo, alegando defender «el interés de esta pequeña empresa Madrileña y de quien trabajamos en la misma».
Urbagestión ha dirigido además críticas al sindicato de inquilinas e inquilinos, al que acusa de haber actuado con «clara intencionalidad política en todo momento» y de haber «distorsionado y dinamitado todos los puentes para alcanzar un acuerdo sencillo y razonable». Según su versión, «sin la intervención de este sindicato, al cual han incorporado a la Sra. Abascal como afiliada, y sin la interesada intervención y distorsionadora de los letrados, se hubiera podido llegar a un acuerdo con la Sra. Abascal fácilmente».
«Llegados a un punto del desborde del Estado de Derecho y del marco legal del Derecho de Propiedad, con un evidente salto a intereses políticos a los que somos completamente ajenos, nos hemos visto en una situación impensable de aislamiento y desprotección», han declarado responsables de Urbagestión.
El conflicto por la vivienda se inscribe en la tensión creciente en Madrid entre propietarios, plataformas de inquilinos y administración por el acceso a la vivienda, un choque que también se ha trasladado a los plenos municipales, como reflejó recientemente la política de vivienda en otros consistorios. Los representantes de Maricarmen han aceptado participar en la reunión convocada para el lunes 28 de septiembre a las 16 horas, en la que estarán presentes los propietarios de la vivienda junto a profesionales de la EMVS en labores de mediación.
