La magistrada reclama a la Comandancia de Ceuta «todos los informes de inteligencia y seguridad» elaborados entre el 15 de julio y el 7 de agosto, un periodo que amplía el foco de la instrucción mucho más allá de la jornada del salto masivo. La petición apunta a reconstruir el estado de alerta y las comunicaciones militares en las semanas previas y posteriores al episodio, no solo las de ese día concreto.
La Audiencia Nacional asumió la investigación el pasado 7 de septiembre al considerar que los hechos podían constituir un ataque grave a la integridad territorial de España, lo que trasladó la causa desde la jurisdicción ordinaria hasta el órgano con sede en Madrid. Esa decisión supuso que el caso, tramitado inicialmente como un asunto de orden público local, pasara a investigarse con el rango de los delitos contra la soberanía nacional.
Tardón ha fijado para el próximo 27 de octubre la comparecencia de tres consejeros del Ejecutivo autonómico ceutí: Alberto Gaitán, titular de Presidencia; Nabila Benzina, responsable de Sanidad y Servicios Sociales; y Alejandro Ramírez, al frente de Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos. Su comparecencia se enmarca en la recopilación de testimonios sobre la gestión institucional de la crisis en los días del salto.
Un día después, el 28 de octubre, declararán tres agentes de la Policía que se encontraban en la frontera del Tarajal cuando se produjo la entrada masiva. Su testimonio permitiría a la instructora contrastar sobre el terreno la versión aportada por los mandos militares y los responsables políticos, y fijar la secuencia de lo ocurrido en el paso fronterizo aquella jornada.
La ampliación de los requerimientos al Ejército de Tierra apunta a determinar si hubo fallos en la cadena de alerta o en la coordinación entre los cuerpos desplegados en la ciudad autónoma antes de que se produjera la entrada. El foco en el mes previo al 30 de julio permitiría valorar si existían informes de riesgo que debieran haber anticipado un operativo reforzado.
El procedimiento se encuentra todavía en fase de instrucción, y las diligencias acordadas por Tardón ―tanto la petición de informes castrenses como las citaciones de consejeros y policías― se dirigen a reunir material probatorio antes de decidir si existen indicios suficientes para dirigir la causa contra alguna persona concreta. La Audiencia Nacional instruye otras causas sensibles que rozan la frontera entre la política y los tribunales, como la que motivó la reciente querella por prevaricación anunciada por Hazte Oír ante el Tribunal Constitucional.
Las comparecencias fijadas para el 27 y el 28 de octubre serán el siguiente paso de una instrucción centrada en reconstruir la cadena de decisiones y alertas que precedió al salto masivo del 30 de julio en la frontera ceutí.
