El recurso de amparo presentado por Ángel Gabilondo el pasado viernes busca levantar la suspensión que el Supremo mantiene sobre determinadas inscripciones censales vinculadas a la llamada Ley de Nietos, la norma que facilita la nacionalidad española a descendientes de exiliados. El alto tribunal ya había paralizado cautelarmente la instrucción que permitía esas inscripciones, según recogió la información sobre cómo el Supremo suspende la instrucción que facilitó la nacionalidad a mexicanos por la 'ley de nietos'.
Gabilondo trasladó después su petición al Constitucional, como se detalló en la pieza sobre cómo el Defensor del Pueblo pide al TC cautelarísimas por el censo de la 'ley de nietos'. Hazte Oír sostiene que, al promover el levantamiento de las cautelas, el Defensor del Pueblo actúa como «defensor del Partido Socialista» y considera que esas garantías deben preservarse mientras se resuelve la controversia sobre los requisitos legales de las inscripciones.
«La limpieza de las urnas exige controles y un censo con garantías. No aceptaremos que se desactiven las cautelas del Supremo para resolver las urgencias políticas de Pedro Sánchez», ha señalado Ignacio Arsuaga, presidente de Hazte Oír.
El recurso de amparo es el cauce por el que el Constitucional puede revisar la vulneración de derechos fundamentales, en este caso el derecho de sufragio; las cautelarísimas, reguladas en el artículo 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, permiten adoptar medidas urgentes sin audiencia previa de las partes cuando concurre especial urgencia. Hazte Oír ha presentado un escrito de personación y oposición en el que pide mantener las cautelas del Supremo y denegar su suspensión sin audiencia; subsidiariamente, reclama una tramitación urgente con audiencia a los interesados e información de la oficina del censo electoral sobre el alcance de las inscripciones afectadas.
Hazte Oír advierte de que levantar las cautelas supondría «un nuevo ataque a las resoluciones del Supremo y al Estado de Derecho».
«No vamos a dar un paso atrás. Defenderemos la justicia y la legalidad frente a cualquier intento de poner las instituciones al servicio del Gobierno», ha concluido Arsuaga.
No es la primera vez que la asociación dirige acciones penales contra el órgano de garantías: ya presentó una denuncia contra el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y otros seis magistrados por presunta prevaricación en relación con la aplicación de la amnistía al delito de malversación.
89.000 firmas ante la Junta Electoral Central
La asociación entregó el pasado viernes a la Junta Electoral Central más de 89.000 firmas reclamando una auditoría independiente del sistema de recuento provisional y garantías sobre las inscripciones censales cuestionadas, y ha puesto a disposición de los ciudadanos un modelo de queja dirigido al propio Defensor del Pueblo para que supervise el cumplimiento administrativo de las medidas del Supremo.
Vox también se ha dirigido al Tribunal Constitucional para pedirle que inadmita el recurso de Gabilondo, al que vincula con un eventual «pucherazo» del Gobierno de Pedro Sánchez mediante la Ley de Nietos. La decisión sobre las cautelarísimas corresponde ahora al tribunal de garantías, que debe pronunciarse antes de las elecciones del 29 de noviembre.
