La decisión llegó tras una reunión a puerta cerrada de dos horas en la que el tribunal analizó el informe pericial del Instituto de Medicina Legal sobre dos mellizos nacidos de forma prematura en agosto de 2019 a causa de la infección por listeria que sufrió su madre. El informe recoge que los menores arrastran desde entonces problemas neurológicos, psicométricos, cardiovasculares y digestivos, por los que reclaman una indemnización conjunta de ocho millones de euros.
El brote se originó en productos cárnicos elaborados por Magrudis, una empresa radicada en Sevilla, y se propagó principalmente por Andalucía, aunque también afectó a personas de otras comunidades. Las autoridades sanitarias identificaron la listeria monocytogenes como patógeno responsable, una bacteria que puede multiplicarse a temperaturas de refrigeración y que resulta especialmente peligrosa para mujeres embarazadas, personas mayores e inmunodeprimidos.
Las consecuencias más graves se concentraron en los casos de transmisión vertical, de madre a feto, que derivaron en abortos espontáneos y en nacimientos prematuros con secuelas que, como muestra el caso de los mellizos evaluados por el Instituto de Medicina Legal, pueden prolongarse durante años y afectar a múltiples sistemas del organismo infantil.
El plazo adicional que ha concedido la Sección Séptima busca dar margen a las defensas, la acusación particular y la fiscalía para cerrar un acuerdo indemnizatorio que satisfaga a las decenas de familias personadas en la causa sin abrir vista oral, un trámite que por el volumen de víctimas e informes periciales acumulados en siete años de instrucción podría extenderse durante meses.
El marco procesal permite este tipo de conformidades en la fase previa al juicio oral siempre que todas las partes acusadoras y acusadas lo suscriban, una vía que en procesos penales con un número elevado de perjudicados suele perseguir tanto la agilización de las indemnizaciones como la reducción del desgaste judicial que implicaría un macrojuicio con cientos de testimonios y pruebas periciales. El caso Magrudis sigue la estela de otros episodios de contaminación alimentaria que acabaron en los tribunales en España, como el síndrome tóxico por aceite de colza adulterado de 1981, que causó miles de afectados y derivó en uno de los juicios más largos de la democracia.
Si las negociaciones fracasan en el plazo fijado, el tribunal deberá convocar la celebración del juicio oral, en el que se depurarían las responsabilidades penales derivadas de la comercialización de los productos contaminados y se fijarían, en su caso, las indemnizaciones definitivas a las víctimas y sus familias, entre ellas la de los mellizos cuyo informe pericial centró la reunión de este jueves.
