«El paquete de 45 millones de euros permitirá cofinanciar 2.000 nuevas plazas en residencias universitarias», señaló Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, durante el acto de firma de la declaración.
La propuesta no es nueva: trascendió públicamente en julio y el Ministerio de Vivienda detalló sus contornos a finales de agosto. La fórmula prevista pasa por la cofinanciación entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y las universidades públicas, un esquema habitual en los programas de vivienda protegida que reparte el coste de construcción o rehabilitación de inmuebles entre distintas administraciones. El objetivo es ampliar la oferta de plazas públicas o concertadas, un segmento minoritario en España frente al peso del mercado privado de alquiler para estudiantes.
El anuncio de los 45 millones se enmarcó en un acto de mayor calado: la firma de la declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario, una norma que busca fijar un marco común de derechos académicos, de representación y de condiciones materiales para el alumnado de las universidades españolas, públicas y privadas.
El texto del estatuto, que todavía debe completar su tramitación como real decreto, aborda la representación estudiantil en los órganos de gobierno universitario, las becas y ayudas al estudio y las condiciones de acceso a la vivienda, un asunto que en los últimos cursos ha ganado peso en el debate sobre la universidad pública. La tramitación como real decreto exige, antes de su aprobación definitiva en Consejo de Ministros, el paso por el Consejo de Estado y los informes preceptivos de los órganos consultivos.
La escasez de plazas residenciales y el alza de los alquileres en ciudades como Madrid, Barcelona o Salamanca han sido señalados reiteradamente por asociaciones estudiantiles y rectorados como un obstáculo para la movilidad académica. El Gobierno encuadra la nueva partida como respuesta a esa presión, aunque la cifra de 2.000 plazas resulta modesta frente al volumen total de estudiantes que cada curso buscan alojamiento fuera de su domicilio familiar.
El esquema recuerda a los planes estatales de vivienda que desde la Transición han canalizado fondos del Gobierno central hacia promociones gestionadas por comunidades y ayuntamientos, con convocatorias a las que las administraciones autonómicas concurren con proyectos propios. El Ejecutivo ha recurrido en los últimos meses a esta vía ante la crisis habitacional, un debate que atraviesa la actualidad política española junto a otras controversias sobre gestión administrativa, como la revelada cuando Bolaños admitió que la instrucción de 2022 sobre nietos copió la de Zapatero de 2008.
El Consejo de Ministros tiene previsto formalizar este martes la aprobación de los 45 millones, un trámite que, de confirmarse en los términos avanzados por Sánchez, abriría la puerta a que comunidades autónomas y universidades presenten sus proyectos de residencias para optar a la cofinanciación estatal.
