El Supremo expulsó cautelarmente del CERA a los nuevos nacionales a la espera de que acrediten individualmente que su nacionalización se tramitó bajo la disposición adicional octava de la ley de Memoria Democrática, y no bajo la instrucción de Sofía Puente que estableció una presunción de arraigo. La Abogacía del Estado había presentado un recurso de reposición, pero el Alto Tribunal le reprochó no aportar datos sobre la revisión individual de los expedientes realizada en el último mes.
La Fiscalía tampoco puede acudir al Constitucional porque no interpuso aquel recurso de reposición, lo que deja al Defensor del Pueblo como única vía: solo esa institución está habilitada para defender derechos de terceros cuando los afectados no actúan de forma individual. El mandato del Supremo exige acreditación caso por caso, y revisar los 163.000 expedientes antes de los comicios ya no resulta viable, por lo que el Ejecutivo busca conservar íntegro el censo exterior en lugar de validar expedientes de forma aislada.
La petición formal partió del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano de representación de la emigración adscrito al Ministerio de Inclusión, que interpuso una solicitud urgente de amparo ante Gabilondo para que interviniera de inmediato en defensa del derecho al voto de los afectados por los dos autos del Supremo. El Consejo reclama que se suspendan cautelarmente esos autos y que ningún afectado quede privado del derecho a votar el 29 de noviembre.
«El escrito del CGCEE fundamenta la petición de restitución del derecho al sufragio en la indefensión procesal y falta de audiencia a los perjudicados», según consta en la solicitud presentada ante el Defensor del Pueblo.
El Constitucional, reacio a intervenir
Fuentes próximas a la presidencia del Constitucional sostuvieron que el órgano no tiene intención de intervenir mientras el procedimiento siga abierto en el Supremo y este no se haya pronunciado sobre los afectados que se personen, al tratarse de «una competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria y de la administración electoral». El trámite de alegaciones ni siquiera ha concluido: el plazo de cinco días fijado por el Supremo solo empezó a correr este viernes, tras la publicación de los autos en el BOE.
A ello se suma un obstáculo procesal. Antes de acudir en amparo al Constitucional, los afectados estarían obligados, como regla general, a plantear un incidente de nulidad de actuaciones ante el propio Supremo, lo que abriría un nuevo plazo de quince días para que ese tribunal pudiera subsanar la eventual lesión del derecho al sufragio. El artículo 17.2 de la ley reguladora del Defensor del Pueblo establece además que la institución no entrará en quejas sobre las que exista resolución judicial pendiente, y debe suspender su actuación si se interpone recurso ante los tribunales ordinarios o el Constitucional.
El Tribunal Constitucional es ya restrictivo al admitir amparos, y más aún al conceder cautelarísimas sin oír a la parte contraria; hay quien plantea incluso que acordarlas en estas circunstancias podría rozar la prevaricación. El censo de los residentes en el exterior arrastra litigios recurrentes desde que el voto rogado se implantó con la reforma de la ley electoral de 2011, que llegó a desplomar la participación de la emigración por debajo del 5%. La pieza de medidas cautelares sigue abierta en la Sala Tercera del Supremo, a la espera de un pronunciamiento definitivo sobre el fondo del censo exterior.